El concejal municipal de San Rafael del Paraná, Cándido Benítez, brindó declaraciones en las que ratificó la denuncia penal presentada contra el intendente municipal, Carlos Benítez Benítez, por un supuesto hecho de lesión de confianza, en el marco de presuntas irregularidades detectadas en la administración de los recursos municipales.

Según explicó, la denuncia fue presentada el 16 de septiembre por tres concejales, con el acompañamiento legal y se basa en la supuesta falta de presentación de documentos respaldatorios relacionados con la ejecución presupuestaria, especialmente conciliaciones bancarias y comprobantes de depósitos de recursos genuinos, es decir, los fondos provenientes del pago de impuestos de los contribuyentes.

Benítez sostuvo que el intendente administra cerca de 14 mil millones de guaraníes anuales y que, pese a los reiterados pedidos formales realizados por la Junta Municipal, no se han entregado los informes exigidos por la Ley Orgánica Municipal. Afirmó que incluso se aprobaron ampliaciones presupuestarias por más de 1.200 millones de guaraníes, lo que evidenciaría la existencia de recursos, contradiciendo el argumento de falta de dinero.

Uno de los puntos más graves señalados por el concejal es que funcionarios municipales y concejales llevan aproximadamente cinco meses sin percibir salarios ni dietas. “El único argumento del jefe comunal es que no hay plata, pero los números indican lo contrario”, manifestó.

Asimismo, mencionó que en el año 2024 se habrían registrado faltantes por más de 1.180 millones de guaraníes en recursos genuinos y cuestionó posibles sobrecostos y obras irregulares, incluyendo diferencias millonarias en la construcción de aulas ejecutadas por una misma empresa.

Finalmente, Benítez indicó que esperan la intervención de la Contraloría General de la República y del Ministerio Público para esclarecer los hechos. También solicitó el acompañamiento de la ciudadanía, señalando que el deber de los concejales es proteger el patrimonio del distrito y garantizar la transparencia en la gestión pública.