Lo que siempre sustentaron los cuatro países que tienen una postura conteste (Uruguay, Brasil, Bolivia y Paraguay) es que, nadie desconoce el pago de una tasa de peaje tal como lo contempla taxativamente el artículo 9º del acuerdo de Santa Cruz de la Sierra.

Sin embargo, ese peaje será reconocido, siempre que las obras hayan sido efectivamente ejecutadas, y que, además, hayan sido desarrolladas por la AGP y sirvan para la navegación de la hidrovía.

“Con esos dos condicionamientos y prerrequisitos, nosotros estamos en la tesitura de reanalizar, hacer un examen de costos y de corresponder y de llegar a un precio que sea congruente con la realidad de los hechos, ese no es el caso actualmente”, explicó el presidente de Navegación y Puertos, Julio Vera.

Todo este estudio y las posiciones asumidas ya pasaron por la CIH (Comité Intergubernamental de la Hidrovía) que es el órgano político, actualmente coordinado por Brasil, pero dentro del cual se conformó una Comisión Técnica liderada por Uruguay. A partir de aquí, se realizaron reuniones en Montevideo y Buenos Aires.

Por otro lado, y, todavía más importante, se hicieron visitas in situ, una de ellas, en embarcaciones cedidas por la Prefectura de Argentina y las otras, en un convoy de barcazas, el cual permite verificar de manera mucho más real la dificultad que experimentan los capitanes.

Fuente: HOY