La senadora Celeste Amarilla se expone a sanciones por incitación al odio tras publicar expresiones contra Kylian Mbappé luego del partido entre Paraguay y Francia en el Mundial.

Sebastián Echagüe, abogado constitucionalista explicó que este tipo de conductas puede derivar en penas de hasta un año de cárcel y multas de 45.000 euros, equivalentes a guaraníes 313.245.000 millones según el cambio actual.

El cruce comenzó tras la derrota de Paraguay por 1-0 ante Francia, resultado que dejó a la Albirroja fuera del torneo.

Luego del encuentro, Amarilla publicó mensajes en redes sociales dirigidos al delantero francés, con referencias a su origen y características personales que fueron interpretadas como discriminatorias.

Incitación al odio tras comentarios de Celeste Amarilla

Las publicaciones incluyeron expresiones como “camerunés colonizado” y otras alusiones que generaron cuestionamientos por su contenido.

El origen de la reacción estuvo vinculado a una jugada posterior al partido en la que la legisladora cuestionó la actitud de Mbappé frente al arquero paraguayo Orlando Gill.

El caso se encuadra en el debate sobre incitación al odio cuando existen mensajes públicos que promueven rechazo hacia una persona por motivos de origen, etnia o nacionalidad.

Respuesta de Kylian Mbappé

Kylian Mbappé respondió públicamente a la senadora. La calificó como “despreciable e indigna de su cargo” y sostuvo que sus expresiones no representan al pueblo paraguayo.

El futbolista también separó las declaraciones de Amarilla del desempeño de la selección paraguaya y del conjunto de la sociedad, lo que amplificó la visibilidad internacional del caso.

Alcance legal de la incitación al odio

El abogado Sebastián Echagüe explicó que la incitación al odio requiere que el mensaje sea público y que fomente rechazo o discriminación hacia un grupo determinado.

Indicó que la sanción puede incluir hasta un año de prisión y multa económica.

También señaló que se trata de un delito distinto a la injuria o difamación y que la acción penal corresponde al Ministerio Público, mientras que los afectados pueden recurrir a la vía civil.

Fuente: LA TRIBUNA