. La Fiscalía General del Estado debe acusar o ratificar la salida procesal solicitada por la defensa.

Ante el juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos José Agustín Delmás se realizió hoy la audiencia preliminar para el jefe de la Oficina Regional de la Senad en Itapúa Reinaldo Daniel Urizar Ramírez y su subalterno Juan Daniel Godoy, acusados de supuesto cohecho pasivo agravado (coima).

Al inicio de la diligencia el fiscal Francisco Cabrera, de la Unidad Especializada contra Delitos Económicos y Anticorrupción, ratificó la acusación planteada el 26 de noviembre de 2021 y solicitó al Juzgado de Garantías que eleve la causa a juicio oral y público.

Por su parte el abogado Norman Queiroz Esteche, defensor de Urizar Ramírez, solicitó la aplicación del procedimiento abreviado para su defendido y que el mismo sea condenado a dos años con suspensión de la ejecución de la pena más una reparación social por el monto que determine el Juzgado o, en todo caso, que el acusado sea condenado a 2 años y seis meses de cárcel, de cumplimiento efectivo, teniendo en cuenta que el procesado ya tiene por cumplido un año y mes de privación de libertad.

A su vez el abogado César Cardozo Ríos, por la defensa de Godoy, planteó la suspensión condicional del procedimiento para su cliente y como reparación del daño ofreció que el procesado pague la suma de G. 300.000 mensuales por un plazo de veinticuatro meses, atendiendo a que el mismo hasta la fecha cumple un año y mes de arresto domiciliario, tiempo este que puede ser considerada como pena anticipada, según argumentó el letrado.

Fiscalía se allanó al planteamiento de acusados de recibir coima

 Sobre el planteamiento de la defensa de Urizar Ramírez, el fiscal Francisco Cabrera contestó que considera viable la aplicación del procedimiento abreviado para el acusado, en la proposición de dos años y seis meses de pena privativa de libertad, de cumplimiento efectivo. Argumentó que, en primer lugar, el hecho punible acusado tiene una expectativa de pena de hasta cinco años de prisión, máximo que se llegaría en circunstancia donde el reproche sea altamente atribuible al procesado y las circunstancias prevista en el artículo 65 del CPP fueran todas de valoración negativa.

 Respecto a la propuesta de la defensa de Godoy, el agente del Ministerio Público consideró viable la aplicación de la suspensión condicional del procedimiento estableciendo el periodo de prueba por un plazo de dos años y la reparación social por el monto de Gs. 300.000 por mes en razón de que además de las circunstancias mencionada para Urizar Ramírez, las cuales se aplican también al presente caso, Godoy se encuentra acusado en grado de cómplice. 

Añadió que el acusado se expone a una pena máxima de tres años y nueve meses de prisión, conforme a la reducción obligatoria establecida en el artículo 67 del Código Penal, por lo que la expectativa de pena hace suponer que la misma sea de dos años de pena privativa de libertad, lo que habilita a la salida planteada, según expresó Cabrera. 

Causa queda en manos de la Fiscalía General 

Luego de un análisis pormenorizado de los planteamientos de las partes, el juez José Delmás consideró que en la presente causa existirían elementos que constituirán ciertamente el tipo penal de cohecho pasivo agravado (coima), previsto y penado en el Artículo 301 inciso 1° del Código Penal. 

El referido artículo, en su artículo 1º establece lo siguiente: “El funcionario que solicitara, se dejara prometer o aceptara un beneficio a cambio de un acto de servicio ya realizado o que realizará en el futuro, y que lesione sus deberes, será castigado con pena privativa de libertad de hasta cinco (5) años (...)”. Lea más: Acción pendiente en la CSJ traba juicio oral de Soler por presunta coima En consecuencia el magistrado resolvió imprimir el trámite de oposición, a los efectos que la Fiscalía General del Estado realice el control vertical de las actuaciones del inferior y resolver si ratifica la postura del agente Francisco Cabrera, quien se allanó a los pedidos de las defensas, o si presenta acusación contra los procesados. 

En mayo del año pasado Urizar cayó in fraganti al recibir G. 10 millones en concepto de presunta coima del intendente de Cambyretá, Javier Pereira, al que según la denuncia, el jefe regional de Senad extorsionó bajo amenazas de implicarlo en una causa de narcotráfico. Godoy por su parte es sindicado de haber llevado hasta la sede municipal a su jefe Urizar, sitio en el que finalmente fueron detenidos. 

El entonces jefe regional de la Senad intentó ocultar entre sus ropas los fajos de dinero, pero al verse acorralado, los entregó y se constató que coincidían con las fotocopias hechas previamente como parte del proceso de entrega controlada.

Fuente: ABC COLOR