El vicepresidente de la República y actual presidente en ejercicio, Pedro Alliana, se trasladó este miércoles hasta la sede del Congreso Nacional y se reunió con su titular, Raúl Latorre, y otros parlamentarios integrantes de las comisiones legislativas.

La reunión tuvo como eje central el proyecto de ley de reforma de la Caja Fiscal, que en principio será tratado este jueves en la Cámara Baja, en medio del receso parlamentario. Los gremios de los sectores afectados anuncian movilizaciones en señal de rechazo.

“Nosotros creemos que estamos llegando a un buen acuerdo hoy. Hoy presentamos las modificaciones, hablamos con el ministro de Economía. Queremos llegar a un punto intermedio y con eso sería suficiente y no postergar demasiado”, indicó Alliana.

El segundo del Ejecutivo hizo esa referencia ante la petición de algunos diputados de postergar el estudio del proyecto de ley.

Sobre las movilizaciones anunciadas por los sectores, el vicepresidente indicó que están en su derecho y que también se va a garantizar la seguridad de ellos como también “del 80% de los paraguayos que no son jubilados”.

“Nosotros no vamos a agotar el diálogo y trataremos de sacar una ley que sea sustentable y que no recaiga en el 80% de la población que no es jubilada el subsidiar una caja de jubilaciones”, recalcó ante los medios de prensa.

Así también, Alliana agregó que es una gran necesidad hacer la reforma de la Caja Fiscal.

“Lo que buscamos es que no sea tan traumático de entrada y que se pueda ir ajustando con el tiempo”, sostuvo sobre las modificaciones propuestas al Ministerio de Economía, quien elaboró el proyecto de ley.

No obstante, indicó que los cambios graduales tampoco pueden ser mínimos por la necesidad existente. “Son tres o cuatro puntos los que estamos discutiendo. Estamos pidiendo a los ministros que sean los más flexibles posibles”, concluyó.

El informe actuarial del Sistema de Jubilaciones y Pensiones del Sector Público revela que la propuesta de reforma de la Caja Fiscal permitiría reducir significativamente el déficit del sistema y generar un ahorro promedio de USD 573 millones al año para el Tesoro Público entre 2027 y 2031. 

El documento detalla un escenario de reforma que incluye varias medidas claves: la fijación de una edad mínima de jubilación de 57 años para sectores que no contaban con ella y el aumento del aporte total al 22% (19% de los trabajadores y 3% del Estado).

Además, incluye la unificación de la base de cálculo a los últimos cinco años para la mayoría de los sectores. Estos cambios reducirían el déficit actuarial en un 61,6%, pasando de USD 796 millones a USD 306 millones durante el periodo analizado.

Representantes de sectores especiales de la Caja Fiscal (docentes, policías y militares) rechazaron la propuesta del Ejecutivo de fijar edad mínima para jubilarse en una audiencia pública.

Corina Falcón (FEP) destacó que la Constitución garantiza jubilación digna y que países de la región aportan más (20% en Argentina, Uruguay y Brasil; 10% en Bolivia). Pidió eliminar la palabra “extraordinario” para jubilarse a 55 años con 30 de aporte. María del Carmen Carrizo (UNA) pidió mesa con el MEC, aporte estatal del 14% y suprimir edad mínima. Blas Méndez (fuerzas públicas) rechazó la edad mínima, pero aceptó 5 años más de servicio y aumento al 19%.

FUENTE: ÚLTIMA HORA