De forma unánime, un tribunal de sentencia condenó a funcionarios de Aduanas y un militar que formaban un esquema de corrupción y contrabando de mercaderías en la zona primaria del Puente de la Amistad, en Ciudad del Este.

Los hoy condenados fueron detenidos en el operativo denominado Tartufo, del Ministerio Público y la Secretaría Nacional Anticorrupción.

Los sentenciados son los funcionarios de Aduanas Virgilio Miguel Ferreira Cabanella, condenado a 10 años de cárcel, lo mismo que Luciano Florenciano Duarte y Eusebio Santacruz Duarte, ambos a 6 años, y el militar Jacinto Enrique Blanco Roa, con una pena de 8 años. El colegiado juzgador resolvió absolver de culpa y pena a Antonio Oporto y Pedro Rubén Báez, también funcionarios de Aduanas.

PRUEBAS. En la determinación de la sentencia, el Tribunal valoró como prueba el circuito cerrado proveído por la Fiscalía, pese a que no se contó con orden judicial para su grabación.

En las imágenes se ven al militar y los funcionarios de Aduanas cuando negocian con total naturalidad el ingreso de mercaderías de forma ilegal desde Brasil a través del Puente de la Amistad.

Los videos de seguridad registraron las negociaciones y cómo los implicados recibían dinero para permitir el ingreso del contrabando de los paseros. Las filmaciones fueron exhibidas en el juicio oral.

En una grabación del 22 de marzo de 2021, las cámaras de circuito cerrado captaron diversos episodios de cómo los responsables del puesto de control negociaban el ingreso de contrabando, incluso se puede ver el momento en que recibían dinero a cambio, con una actitud que denota que la práctica ya estaba arraigada en el sitio.

A pesar de la existencia de cámaras de seguridad, este tipo de conversaciones y las negociaciones se hacían sin ningún tipo de resguardo por parte de los implicados.

En esa ocasión, el ex ministro de la Secretaría Nacional Anticorrupción René Fernández, había manifestado que el operativo se ejecutó luego de la presentación de una denuncia formulada en conjunto desde su dependencia con la Unidad de Lucha contra la Corrupción.

Fernández explicó que el operativo que desbarató el esquema de contrabando comenzó ya que “existía la sospecha de que en este lugar se cobraban coimas a cambio de la liberación de las mercaderías que pasaban por la frontera. Eran mercaderías de todo tipo”.

El tribunal estuvo presidido por la jueza Claudia Criscioni e integrado por los magistrados Jesús Riera y Yolanda Morel.

La causa fue investigada por el agente fiscal anticorrupción Rodrigo Estigarribia, quien representó la acusación del Ministerio Público contra los sentenciados.

FUENTE: UH