Entre abril y agosto, se documentaron 36 casos de violencia, incluyendo torturas físicas y un posible esquema de venta de pabellones, lo que llevó al Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura a solicitar separaciones en la administración del penal.


El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) ha confirmado la existencia de graves denuncias sobre casos de tortura en el Penal de Itapúa, con un alarmante total de 36 incidentes documentados entre abril y agosto de este año. Las denuncias incluyen torturas en los dedos, golpes en las manos y en los glúteos, lo que pone de manifiesto una situación crítica de violaciones a los derechos humanos en el lugar.


Las investigaciones del MNP apuntan concretamente a un reo que tiene a su cargo la administración de tres pabellones dentro del centro penitenciario. A raíz de la gravedad de las denuncias recibidas, el organismo ha solicitado la separación del cargo del abogado Pedro Javier Rodas mientras se lleve a cabo la investigación correspondiente.


Además, el MNP ha recomendado que se disponga de manera urgente una investigación e intervención en el centro, solicitando la separación de funciones del director, así como de su jefe y subjefe de seguridad. Estos funcionarios han sido señalados tanto por el personal del centro como por las personas privadas de libertad como responsables de la delegación de la autoridad disciplinaria a otros internos, lo que habría permitido que se llevaran a cabo actos de mutilación.


Las denuncias recibidas por el MNP también sugieren la existencia de un supuesta esquema de venta de pabellones a personas privadas de libertad para su administración, supuestamente implicando así a algunos funcionarios y posiblemente a la dirección del centro en un sistema que generaría beneficios económicos a costa de la integridad de los internos.


El MNP hizo un llamado urgente a las autoridades competentes para que tomen acción inmediata y se garantice la protección y el respeto de los derechos humanos en el sistema penitenciario, enfatizando que la investigación debe ser exhaustiva y transparente para asegurar la justicia para las víctimas y la erradicación de cualquier práctica violatoria en el ámbito carcelario.