La Justicia de segunda instancia dejó firme la condena de una década de prisión contra el periodista Carlos Granada, al concluir que la sentencia dictada en primera instancia se ajusta plenamente a derecho.


El fallo respalda la valoración de las pruebas realizadas durante el juicio y sostiene que la pena impuesta es proporcional a la gravedad de los hechos.

El Tribunal de Apelación descartó los cuestionamientos planteados por la defensa y remarcó que no existieron errores en la aplicación de la normativa penal. En ese sentido, reafirmó que los elementos analizados durante el proceso fueron suficientes para sostener la responsabilidad del condenado en los hechos investigados.

Uno de los puntos abordados en la resolución tiene que ver con la discusión sobre la supuesta existencia de un "testigo único". Los camaristas señalaron que las declaraciones de las víctimas no quedaron aisladas, sino que fueron contrastadas con otras evidencias, lo que permitió sostener su credibilidad dentro del proceso.

El fallo también subraya la necesidad de juzgar este tipo de casos con enfoque de género, considerando la naturaleza de los delitos y el contexto en el que se produjeron. En esa línea, se enfatiza que las conductas investigadas vulneraron derechos fundamentales vinculados a la libertad y autonomía de las víctimas.

Durante el juicio se acreditó que Granada, quien ocupaba un cargo de jerarquía dentro de un medio de comunicación, habría incurrido en conductas reiteradas de acoso, coacción y abuso. Según la sentencia, existía un patrón de comportamiento en el que seleccionaba a mujeres en situación de vulnerabilidad, muchas de ellas jóvenes, estudiantes o pasantes, aprovechando su posición de poder.

Los hechos descritos incluyeron episodios repetidos de hostigamiento físico y presiones, en un contexto donde las víctimas dependían laboralmente o buscaban oportunidades dentro del medio. El tribunal consideró probado que esa relación desigual fue utilizada para ejercer conductas indebidas de manera sistemática.

Con esta decisión, la condena queda firme en esta instancia, consolidando uno de los casos más relevantes en el ámbito judicial vinculados a denuncias de acoso dentro del sector de medios de comunicación.

FRENTE: EL NACIONAL