El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) presentó ante el Ministerio Público una denuncia por presuntos hechos de tortura contra jóvenes del Centro Educativo para adolescentes privados de libertad en Cambyretá, Itapúa.


Orlando Castillo, quien intervino el Centro Educativo para adolescentes privados de libertad en Cambyretá por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, señaló a Última Hora que presentaron la denuncia ante la Fiscalía y ya se abrió una investigación.



Asimismo, manifestó que solo dos de los nueve jóvenes que se encuentran recluidos en el lugar no fueron golpeados, en tanto que el resto denunció haber sufrido golpes de palos y caños en las manos y en la planta de los pies, entre otras zonas.


En ese sentido, detalló que las edades rondan entre los 14 y 19 años y que siete de ellos se encuentran procesados por hechos punibles y solo dos cuentan con condenas.


También mencionó que los maltratos se daban de manera frecuente y en dos turnos; por ejemplo, las infracciones o faltas consideradas por los funcionarios de seguridad y educadores se cobraban en el día si se registraron de noche, y viceversa.


Las faltas podían ser por no decir "buenos días", pedir cigarrillos o no saludar correctamente a los encargados del lugar.


El primer caso de tortura y maltrato denunciado llegó a través de una defensora de Alto Paraná, quien sostuvo que uno de sus defendidos recibió golpes en varias partes del cuerpo.


Los adolescentes recibían entre 80 y 90 golpes de caños y madera en la planta de los pies por la inconducta e incluso uno o dos días no podían caminar producto de la golpiza.


El interventor dijo que también se registraban golpes en la cara y un puñetazo en la nariz a uno de los adolescentes, además de maltratos sicológicos.


Entre otras cosas, afirmó que desde principios del año se encuentran recorriendo otros centros educativos de este tipo, pero que este caso llamó la atención por la brutalidad, además de que el 90% confesó haber recibido torturas.


Finalmente, expresó que la Unidad de Derechos Humanos del Ministerio Público ya realizó las primeras diligencias en el caso y que todo indica que los hechos se estarían dando desde hace dos meses.


La Dirección General del Servicio Nacional de Atención al Adolescente Infractor designó, por el lapso de 15 días, al licenciado Alfirio Rodríguez para tomar intervención y hacer un relevamiento de datos pormenorizado sobre lo acontecido.



Fuente: ÚLTIMA HORA