El animal fue encontrado sin vida en el patio de una vivienda del barrio San Miguel. La Policía y el Ministerio Público buscan determinar de dónde provinieron los disparos y quién sería responsable.


Un perro murió tras recibir presuntamente varios disparos de arma de fuego en el patio de una vivienda ubicada en el barrio San Miguel de Puerto Obligado, departamento de Itapúa. El caso es investigado por la Policía Nacional y el Ministerio Público, en el marco de la Ley N.º 7513/2025 de Bienestar y Protección Animal.

El hecho se registró alrededor de las 09:10 del martes 22 de septiembre, según el informe de la Comisaría 13.ª de Obligado. La propietaria del animal manifestó que escuchó aproximadamente tres disparos y, posteriormente, los lamentos del perro.

Al salir a verificar lo ocurrido, encontró al animal tendido en el suelo, con aparentes heridas producidas por impactos de arma de fuego. Se trataba de un perro mestizo, de pelaje marrón claro y con características similares a la raza Chow Chow.

La denunciante señaló además que habitualmente escucha disparos provenientes de un inmueble ubicado en las inmediaciones de su propiedad. Ante esta información, agentes policiales acudieron hasta el sitio indicado con la intención de conversar con los trabajadores o habitantes, pero no encontraron a ninguna persona en el lugar.

El animal fue trasladado hasta la Veterinaria El Abasto, de Obligado, donde se realizó la inspección correspondiente. El procedimiento fue comunicado al fiscal de la Unidad Especializada de Lucha contra el Maltrato Animal, Rodrigo Lepretti, mientras que la asistente fiscal Graciela Cáceres se constituyó en el establecimiento veterinario.

Hasta el momento no existen personas identificadas como responsables. La investigación deberá establecer el origen de los disparos, las circunstancias de la muerte y la eventual responsabilidad de quienes hayan participado del hecho.

La Ley N.º 7513/2025 establece medidas de protección contra el maltrato, el dolor y el sufrimiento animal, y contempla sanciones para hechos de crueldad que ocasionen la muerte, cuya aplicación dependerá de la calificación jurídica que determine el Ministerio Público.