El Ministerio de Justicia y el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia formalizaron un convenio de cooperación destinado a fortalecer las acciones de protección y promoción integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes vinculados al sistema penitenciario.

El acuerdo fue suscrito por el ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, y el ministro de la Niñez y la Adolescencia, Walter Gutiérrez, quienes destacaron la importancia de coordinar acciones entre ambas instituciones para atender las necesidades de una población especialmente vulnerable.

Como parte de las primeras acciones, el convenio contempla el fortalecimiento del espacio de cuidado infantil del Centro Penitenciario de Mujeres “Serafina Dávalos”, ubicado en Coronel Oviedo, departamento de Caaguazú. En el lugar permanecen niños y niñas junto a sus madres privadas de libertad.

La cooperación permitirá reforzar la atención alimentaria y el acompañamiento nutricional, además de promover condiciones adecuadas para el desarrollo integral durante los primeros años de vida.

Nicora destacó el impacto social de estas medidas y señaló que garantizar condiciones dignas para los niños representa una inversión en el futuro del país y en la protección de los derechos humanos de sectores vulnerables.

A su turno, Gutiérrez resaltó que la articulación institucional permitirá consolidar acciones que ya se encuentran en marcha, principalmente aquellas destinadas a garantizar espacios adecuados de cuidado y nutrición para los hijos e hijas de mujeres privadas de libertad.

El convenio también establece líneas de trabajo relacionadas con el acceso oportuno a la identidad de los menores y el fortalecimiento de programas de reinserción social dirigidos a adolescentes en conflicto con la ley penal.

Entre las medidas destacadas figura además la separación efectiva de adolescentes procesados y condenados dentro de los centros educativos, con el propósito de mejorar las condiciones para los procesos educativos, de rehabilitación y reinserción.

Las autoridades señalaron que la coordinación interinstitucional permitirá avanzar en políticas orientadas a garantizar derechos fundamentales y generar mejores oportunidades para niños, niñas y adolescentes.