Hace 15 días aproximadamente la Asesoría Jurídica del Instituto de Previsión Social (IPS) viene investigado a presuntos funcionarios corruptos involucrados en la expedición de certificados médicos falsos para que jubilados puedan acceder a préstamos de la Caja de Prestamos de la previsional.

Esa denuncia fue derivada al Ministerio Público y este lunes se prosiguió con los allanamientos realizados en una librería, donde supuestamente se hacían las evaluaciones médicas falsas, y en un hotel.

El local comercial está ubicado al costado de una oficina del IPS, en la intersección de las calles Palma y Colón, mientras que el hotel está en las inmediaciones del primer local allanado.

Los procedimien tos estuvieron encabezados por la agente fiscal Belinda Bobadilla, de la Unidad Especializada Anticorrupción.

El director de asesoría jurídica de IPS, José González Maldonado, explicó a NPY que el esquema se descubrió cuando se percataron que los certificados médicos que iban con las solicitudes presentaban incosistencias.

“Empezó a llamar la atención cuatro médicos con firmas que dispares. Separaron esos casos y el presidente del IPS ordenó una auditoría. Como resultado de esa autoría, los médicos declararon que ellos ni hicieron los certificados medias y que no atendieron a los pacientes”, señaló.

Luego, se les convocó a los jubilados afectados, que serían alrededor de 30, quienes declararon de qué forma accedían a las evaluaciones.

“Dos funcionarios de acá (de la Caja de Préstamos) le asesoraron, lo convocaron a uno en un hotel y a otro en una cafetería. Ahí le pidieron G. 200.000 y en menos de una hora les entregaron el certificado médico”, acotó.

Hasta el momento, dos personas ya fueron identificadas, denunciadas y separadas de sus cargos.

Si los jubilados accedían a los préstamos con los certificados falsos, se calcula que el perjuicio sería alrededor de G. 4.000 millones, de acuerdo con González.

En total, se identificaron 240 casos en la investigación sobre la presenta rosca corrupta.

Asimismo, González agregó que consultó al director de dicho departamentos si es posible identificar a jubilados que accedieron al préstamo con el certificado de contenido falso.

“Me dijeron que no porque el sistema no carga por certificado médico, sino que carga por jubilado”, fue la respuesta que recibió, por lo que ahora se deberá buscar un mecanismo para detectar los casos.

Según las investigaciones, los funcionarios cobraban entre G. 150.000 a G. 200.000 por cada certificado médico.

Fuente: UH