Daniel Montenegro, esposo de la fiscala Katia Uemura, fue detenido e imputado por sus vínculos con el esquema del narco Jarvis Chimenes Pavão. Como medida se le otorgó la prisión preventiva en Tacumbú.

El profesional del Derecho había solicitado ante el Juzgado una “oficina” en su lugar de reclusión para seguir las causas que llevaba adelante.

Ante ese pedido, el juez penal de Garantías, Gustavo Amarilla, concedió este viernes que el procesado pueda tener acceso a internet y a una computadora.

El argumento es que él mismo ejerce su defensa y de esa manera podrá ser notificado de las resoluciones y presentar escritos relacionados a la causa que se lo investiga.

De acuerdo con lo que sostiene la Fiscalía, Daniel Montenegro se encargaba de realizar transacciones a favor de la organización criminal y gozaba de la confianza del clan familiar.

Figura en la segunda línea jerárquica de la investigación y, junto con otros, actuaba de administrador, testaferro, prestanombre y responsable de algunas propiedades que están en el país y pertenecen a Pavão.

En ese sentido, habría realizado varias transacciones de compra y venta de inmuebles, tras las instrucciones directas de Luan Pavão Nascimento, hijo del narcotraficante. Este también está imputado en la causa y sería el primer anillo del esquema.

Dentro de la organización, el cónyuge de Uemura era llamado “Doctor Montenegro” y aparentemente mantenía vínculos directos con Adrián Rolando Brizuela y Carlos Oleñik. Este último fue detenido en su momento por terrorismo bancario y fue relacionado con el ex presidente de la República Horacio Cartes y con el usurero Ramón González Daher.

Durante los últimos años, Montenegro se encargó de administrar la venta de la estancia Villa Loma y formaba parte de la empresa Villa Loma ya desde el 2016, cuando fue designado secretario y síndico titular, con una retribución de G. 10.000.000.

“Todos los actos a favor del grupo criminal se habrían dado únicamente por medio de Daniel Montenegro, valiéndose de un supuesto poder especial que aparentemente se le habría otorgado en el año 2013 y que recién fue inscripta, valga la redundancia, recién en setiembre del año 2019, coincidente al inicio del operativo Pavo Real Brasil que también tenía como objetivo los bienes de Jarvis Chimenes Pavão y su grupo criminal”, sostiene el Ministerio Público.

Fuente: UH