La Junta Municipal de Nueva Alborada presentó el 24 de febrero pasado una denuncia formal ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, por supuestas irregularidades en la ejecución de dos obras adjudicadas bajo la modalidad de Licitación Pública Nacional.

La denuncia afecta a los llamados identificados con los ID 456869 y 472066, correspondientes a trabajos en la Escuela Básica N° 2447 y la Escuela Básica N° 1439, respectivamente. Ambas obras fueron adjudicadas al contratista Cristian Ramón Martínez Fernández.

Según el escrito, en el caso del ID 456869 el plazo contractual ya habría vencido sin que la obra cuente con recepción provisoria, lo que, a criterio de los concejales, configura una mora automática conforme a la Ley N° 7021/22. En tanto, para el ID 472066, si bien el plazo general seguiría vigente, el avance físico registraría un retraso superior al 50 por ciento, comprometiendo su culminación ante el inicio del año lectivo 2026.

Los ediles también cuestionan la supuesta falta de solvencia económica del contratista, señalando que la empresa dependería exclusivamente de anticipos y certificados de obra para sostener los trabajos. Asimismo, denuncian obstrucción al control por parte del Ejecutivo municipal Oscar Martínez, alegando respuestas extemporáneas y negativa a remitir documentación clave, como pólizas, actas de fiscalización y detalles sobre la amortización de anticipos.

En su petitorio, la Junta solicita a la DNCP la designación urgente de un equipo de verificación contractual, la auditoría de la capacidad financiera declarada por el contratista, la suspensión preventiva de pagos y la remisión de antecedentes a la Contraloría General de la República ante un eventual daño patrimonial.

Concejales ya habían solicitado informes al intendente antes de denunciar ante la DNCP

La Junta Municipal requirió en enero un detalle documentado sobre el estado de dos obras escolares adjudicadas, cuyos plazos y avances generaron cuestionamientos.

Semanas antes de formalizar la denuncia ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, la Junta Municipal de Nueva Alborada ya había solicitado informes al intendente Oscar Martínez sobre el estado de ejecución de dos obras públicas adjudicadas en el distrito.

El pedido fue presentado el 27 de enero de 2026, en ejercicio de las atribuciones de control y fiscalización establecidas en la Ley N° 3966/2010 Orgánica Municipal. En la nota, los concejales requirieron información detallada y respaldada documentalmente sobre las contrataciones identificadas con los ID 472066 y 456869, correspondientes a la construcción y ampliación de aulas y sanitarios en las escuelas básicas N° 1439 “Doña Catalina Salinas de Cáceres” y N° 2447 “Silvana Melgarejo”.

Ambas obras fueron adjudicadas al contratista Cristian Ramón Martínez Fernández, bajo los contratos N° 05/2025 y N° 02/2025, respectivamente.

En el documento, la Junta solicitó datos precisos sobre el estado actual de ejecución, porcentaje de avance físico certificado y montos efectivamente pagados, actas de inicio, plazos contractuales y eventuales prórrogas otorgadas. Asimismo, requirió copias de posibles adendas, detalles de anticipos financieros, estado de las pólizas de garantías contractuales y eventuales multas aplicadas por atrasos o incumplimientos.

También pidieron información sobre las acciones adoptadas por el Ejecutivo Municipal para resguardar el interés público ante la paralización de las obras y el vencimiento de los plazos.

Los concejales otorgaron un plazo de cinco días hábiles para la remisión del informe, advirtiendo que, ante la falta de respuesta, recurrirían a las instancias de control correspondientes, situación que finalmente derivó en la denuncia formal presentada ante la DNCP.

Directivos alertaron sobre paralización de obra en nota remitida el 24 de febrero

A través de la Nota N° 1/2026, se había advertido formalmente el 24 de febrero pasado sobre la falta de avances en la construcción iniciada el 13 de octubre de 2025 en el Colegio Nacional Doña Catalina Salinas de Cáceres, en Nueva Alborada.

El encargado de despacho, Claudio Benítez Sanguina, informó a la Junta Municipal que la obra se encontraba prácticamente paralizada y que los trabajadores dejaron de asistir de manera continua, alegando supuesta falta de pago por las tareas realizadas. Esta situación no solo evidenciaba un estancamiento en el proyecto, sino también una presunta precariedad en las condiciones laborales, ante la ausencia de remuneración y estabilidad para el personal afectado.

La paralización impactaba directamente en los estudiantes, quienes retomaron el año lectivo sin contar con aulas suficientes, desarrollando clases incluso al aire libre. Según el contrato, la obra debía concluir entre febrero y marzo de 2026.