El proyecto que será retomado plantea originalmente la prohibición total de dispositivos electrónicos personales en escuelas y colegios públicos, privados y subvencionados, una medida que generó fuerte controversia antes incluso de su tratamiento en particular.

La iniciativa, presentada por el diputado José Rodríguez (ANR, HC), ya fue aprobada en general, pero quedó pendiente el análisis artículo por artículo. El texto inicial establece que los estudiantes no podrán utilizar celulares dentro de las instituciones durante la jornada escolar, con el argumento de que estos dispositivos afectan la concentración, el rendimiento académico y la convivencia en el aula.

El debate se intensificó tras la reacción de asociaciones de padres, docentes y especialistas en educación, que cuestionaron una prohibición absoluta y advirtieron que el celular también puede ser una herramienta pedagógica si se integra de manera adecuada al proceso de enseñanza. Ante esa presión, el proyectista anunció que introduciría modificaciones para transformar la prohibición en una regulación más específica, delimitando horarios, espacios y circunstancias de uso.

Entre los argumentos a favor de la restricción se menciona el aumento de casos de distracción constante en clases, conflictos derivados del uso de redes sociales, situaciones de ciberacoso y grabaciones no autorizadas dentro de las instituciones. Quienes respaldan la medida sostienen que la escuela debe ser un espacio protegido de interferencias tecnológicas que alteren la disciplina y el aprendizaje.

En contrapartida, sectores críticos señalan que una prohibición rígida podría resultar difícil de aplicar y abrir la puerta a sanciones desproporcionadas. También advierten que, en contextos de emergencia, el celular cumple una función de comunicación inmediata entre alumnos y familias.

Durante el año pasado, algunos legisladores incluso sugirieron que cualquier normativa debería alcanzar también a docentes y funcionarios, ante cuestionamientos sobre el uso excesivo de dispositivos por parte del personal educativo durante el horario de clases.

La definición que adopte Diputados marcará el rumbo de una discusión más amplia sobre el papel de la tecnología en el sistema educativo paraguayo. El resultado podría establecer un precedente sobre hasta dónde el Estado puede limitar el uso de herramientas digitales en nombre de la disciplina escolar y la calidad del aprendizaje.

FUENTE: EL NACIONAL