Según los antecedentes del caso, el rodado tendría origen ilícito, ya que habría sido robado en Brasil e ingresado presuntamente de manera irregular al Paraguay. 

Durante las investigaciones se constató además que la chapa DPJ 145 no figura en el Registro Único del Automotor. Asimismo, el intendente había presentado un documento que justificaba la tenencia del vehículo en calidad de depositario judicial.

Sin embargo, la Fiscalía sostiene que dicho documento sería presuntamente falso o apócrifo. Incluso, las firmas atribuidas a dos magistrados habrían sido desconocidas por los propios jueces, quienes manifestaron que nunca firmaron ni autorizaron la documentación presentada. 

El vehículo presuntamente mau ya sido incautado tras un accidente de tránsito protagonizado por el hijo menor de edad del intendente. 

Actualmente, la investigación se centra en determinar el origen del rodado, la autenticidad de los documentos y las responsabilidades penales que pudieran derivarse del caso.

Tras varios meses de diligencias, el Ministerio Público reunió los elementos necesarios para avanzar con la imputación en una causa que ha generado amplia repercusión pública.

El caso adquiere especial relevancia debido a que involucra a una autoridad municipal. De confirmarse las sospechas de la Fiscalía, se trataría de un hecho grave, considerando que un jefe comunal, llamado a dar cumplimiento a las leyes y servir de ejemplo a la ciudadanía, habría estado utilizando un vehículo de presunto origen ilícito y con documentación aparentemente irregular.