El Ministerio de Justicia resolvió separar de sus funciones al director de la Penitenciaría Regional de Coronel Oviedo y a todo el plantel penitenciario asignado al establecimiento, tras un operativo de gran escala que permitió incautar más de 500 teléfonos celulares y otros objetos de ingreso prohibido. La medida forma parte de una investigación administrativa destinada a determinar las responsabilidades por las graves irregularidades detectadas dentro del penal.

El procedimiento fue ejecutado de manera conjunta por el Ministerio de Justicia y la Policía Nacional, con la participación de 250 efectivos policiales y 96 agentes penitenciarios. Según explicó el ministro Rodrigo Nicora, la intervención implicó retirar temporalmente de sus pabellones a cerca de 2.800 personas privadas de libertad para realizar una requisa integral de todas las instalaciones. Además de los celulares, los intervinientes encontraron bebidas alcohólicas y otros elementos cuya tenencia está prohibida dentro de un establecimiento penitenciario.

Para el titular de Justicia, el volumen de objetos incautados evidencia que no se trata de hechos aislados, sino de un esquema de complicidad que habría facilitado el ingreso y la permanencia de estos elementos dentro de la penitenciaría. Por ese motivo, todo el personal será sometido a sumarios administrativos mientras avanzan las investigaciones para identificar a los funcionarios eventualmente involucrados y establecer la cadena de responsabilidades.

El caso vuelve a poner en evidencia uno de los problemas más persistentes del sistema penitenciario paraguayo: la dificultad del Estado para ejercer un control efectivo sobre los establecimientos penales. En los últimos años, distintos operativos realizados en cárceles del país revelaron la presencia de teléfonos celulares, drogas, bebidas alcohólicas, armas blancas e incluso estructuras de comunicación que permiten a organizaciones criminales mantener contacto permanente con el exterior.

Los teléfonos celulares constituyen uno de los principales desafíos para las autoridades. Desde estos dispositivos se organizan presuntas extorsiones, estafas, amenazas y operaciones vinculadas al crimen organizado, además de servir como herramienta de coordinación entre internos y estructuras delictivas que operan fuera de los penales. Su ingreso masivo suele ser considerado un indicador de fallas en los controles internos y de posibles redes de corrupción dentro del sistema penitenciario.

El operativo en Coronel Oviedo también se inscribe dentro de la estrategia impulsada por el Gobierno para recuperar el control de las cárceles, luego de las intervenciones realizadas en otros establecimientos de alta complejidad, como Tacumbú y la Penitenciaría Regional de Ciudad del Este. En todos los casos, el objetivo ha sido debilitar la capacidad operativa de grupos criminales que históricamente encontraron en las prisiones un espacio para mantener su influencia y coordinar actividades ilícitas.

FUENTE: EL NACIONAL