Esta medida, que entrará en vigencia a partir del próximo 1 de julio, se da en un contexto de debate sobre el impacto real que tendrá en la economía de los hogares y la sostenibilidad del sector comercial.

Desde la perspectiva técnica, analistas económicos coinciden en señalar que este ajuste anual no representa un incremento neto en la riqueza de las familias ni un aumento en la capacidad de ahorro real del trabajador, sino un mecanismo de compensación indispensable. El efecto primordial de la disposición es indexar el ingreso básico para devolverle de forma exacta el poder de compra que fue perdiendo en los últimos doce meses debido al avance constante de la inflación. En términos prácticos, se describe la medida como una nivelación necesaria para empatar el terreno que el dinero fue cediendo en las góndolas de los supermercados.

La decisión presidencial implica una suba nominal de 144.952 guaraníes sobre el piso anterior de 2.899.048 guaraníes. Un elemento destacable en este proceso es que, si bien el Índice de Precios al Consumidor medido por el Banco Central del Paraguay registró una inflación interanual del 2,4% al cierre de mayo, el Poder Ejecutivo decidió aplicar un porcentaje del 5%.

Esta diferencia técnica busca mitigar la histórica brecha que existe entre los indicadores macroeconómicos de la banca matriz y la inflación percibida por el consumidor final en los productos de la canasta básica familiar.

El principal desafío económico tras la implementación del nuevo piso asalariado recae en el denominado efecto traslado dentro de la microeconomía. Especialistas advierten que la efectividad de este reajuste estará sujeta a la conducta del mercado minorista y los proveedores de servicios; si los costos operativos incrementados se trasladan directamente de forma desmedida a los precios al consumidor, el beneficio real de la compensación podría diluirse en pocas semanas, presionando nuevamente la dinámica de consumo y empujando las tasas de informalidad laboral.