El ciudadano José Kuibida, residente de la colonia Sudetia, Paso Yobái, presentó una denuncia penal por graves delitos ambientales. Su representante legal, Victoriano Riquelme Jara, formalizó la acusación ante la Fiscalía Regional de Villarrica. La acción judicial apunta directamente contra Alberto Silva, Jorge Martiz y Sebastiana González. Los hechos denunciados incluyen contaminación del aire y procesamiento ilícito de desechos tóxicos. Según el escrito, esta actividad minera atenta contra las bases naturales de la vida humana. 

La evidencia médica sustenta el reclamo del afectado tras presentar malestares graves en su salud. Kuibida debió ser internado en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y del Ambiente (INERAM).

El diagnóstico médico oficial confirma una “exposición probable a cianuro” durante su estadía hospitalaria. El denunciante sostiene que su domicilio es el único sitio donde pudo ocurrir la intoxicación. Además, el seguimiento clínico incluye evaluaciones en los departamentos de cardiología y toxicología.

El conflicto espacial es un punto crítico en la denuncia presentada contra los mineros. La planta de lixiviación se encuentra a solo 30 metros de la vivienda de la víctima. Sin embargo, la normativa vigente exige una distancia mínima de 200 metros para este tipo de instalaciones. Kuibida ya había reclamado previamente por la ubicación de la planta procesadora de oro. No obstante, los responsables ignoraron sus advertencias y continuaron con las operaciones químicas.

El proyecto de “Lixiviación de minerales metálicos” pertenece a Alberto Silva González y Fernando Kosian Martínez según documentos oficiales. Esta actividad industrial abarca una superficie de 11.700 metros cuadrados en el distrito de Paso Yobái. El proceso utiliza cianuro de sodio en un medio básico y presencia de oxígeno para extraer oro. Este químico es extremadamente tóxico y puede ser mortal por inhalación o ingestión. Por lo tanto, cualquier fuga de gases o vertido inadecuado representa un peligro colectivo inminente.

La denuncia penal describe un tratamiento y almacenamiento deficiente de los desechos químicos. Esta negligencia habría provocado el lanzamiento de sustancias tóxicas al ambiente circundante. Por este motivo, el abogado Riquelme solicitó el allanamiento del inmueble y el secuestro de objetos relacionados. También pidió la detención inmediata de los sindicatos para evitar la frustración de la investigación judicial. Los tipos penales invocados prevén sanciones por la producción de riesgos comunes en la comunidad.

El propio Relatorio de Impacto Ambiental (RIMA) del proyecto admite riesgos significativos para el entorno. La operación de la cantera genera contaminación atmosférica por gases de combustión y polvo. Estas partículas sólidas se desplazan durante las labores de corte, tamizado y transporte de material. Además, el informe técnico advierte sobre la posible alteración de la calidad del agua superficial y subterránea. El arrastre de sólidos en suspensión ocurre principalmente durante los periodos de lluvias intensas.

La gestión de efluentes es otro foco de preocupación para los habitantes de Sudetia. El proceso minero genera residuos industriales peligrosos que requieren una disposición rigurosa. Según la denuncia, los acusados se apartaron considerablemente de los tratamientos autorizados por ley. Esta conducta dolosa no solo daña la salud de Kuibida, sino que pone en riesgo a otros vecinos. Por lo tanto, la integridad física de la población local se encuentra bajo una amenaza constante.

El proponente del proyecto es el principal responsable de cumplir las normas ambientales vigentes. Debe garantizar la implementación del plan de gestión ambiental y las medidas de mitigación. Esto incluye el monitoreo permanente para evitar impactos negativos y daños a terceros. En este caso, el incumplimiento de las distancias de seguridad y la supuesta fuga de cianuro son centrales. La responsabilidad es exclusiva del dueño de la obra ante el Ministerio del Ambiente.

Finalmente, la Unidad Fiscal asignada debe imprimir los trámites necesarios para procesar a los autores. La comitiva fiscal realizará un registro del lugar siguiendo las coordenadas georreferenciadas de la planta. Mientras tanto, la víctima continúa con un estricto seguimiento médico por su cuadro de intoxicación. Este caso resalta la necesidad de una fiscalización minera más rigurosa en el departamento de Guairá. El respeto a la vida humana debe prevalecer sobre la explotación de recursos minerales.

FUENTE: RDN