Según la investigación en curso, estas personas quedan expuestas a un elevado riesgo de perder la vida o de ser reportadas como desaparecidas una vez que ingresan a las zonas de combate.

La causa se abrió a partir de comunicaciones remitidas por el Ministerio de Relaciones Exteriores, luego de que varios familiares solicitaran ayuda oficial para intentar localizar a sus parientes, a quienes ya consideraban desaparecidos. En el marco de esas indagaciones, la Fiscalía constató que, en determinados casos, los soldados interrumpen todo contacto con sus compañeros al entrar al frente. Transcurrido un tiempo sin noticias, las propias unidades militares los clasifican como desaparecidos.

González explicó que la recuperación de los cuerpos resulta, en muchas ocasiones, inviable. Las patrullas no siempre pueden acceder a los sectores donde se desarrollan los enfrentamientos, lo que impide verificar si la persona falleció, si los restos fueron hallados o si realmente corresponden al ciudadano cuyo deceso fue notificado. La fiscal subrayó, además, que la información que circula tanto entre las familias como en distintos canales no siempre coincide con lo que ocurre en el terreno.

La investigación busca establecer si quienes viajaron conocían el destino y las funciones reales que iban a desempeñar, qué datos recibieron antes de salir del país y bajo qué condiciones salariales o contractuales se formalizó su traslado. Testimonios recogidos hasta el momento indican que algunas ofertas prometían montos elevados —en torno a los 50 o 60 millones de guaraníes mensuales—, mientras que los pagos efectivamente percibidos, según relatos posteriores, habrían sido considerablemente inferiores, entre 1.000 y 2.000 dólares.

En otros casos, los ciudadanos habrían partido con la expectativa de desempeñarse en tareas de construcción, trabajo en fábricas o operación de drones. Una vez en destino, sin embargo, fueron redirigidos hacia unidades del ejército y asignados a misiones de combate. La Fiscalía también ha tomado declaraciones a personas que lograron regresar y a otras que recibieron asistencia para abandonar Rusia y ser repatriadas. Algunos de estos testimonios mencionan cambios de ruta durante el viaje y condiciones distintas a las originalmente ofrecidas. La pesquisa permanece abierta y varios extremos aún no han podido ser corroborados de manera independiente.

Autoridades de la Secretaría de Desarrollo, Repatriados y Refugiados Connacionales han reportado al menos cinco paraguayos como fallecidos o desaparecidos en la zona del conflicto. Estimaciones de funcionarios y de otros compatriotas que se encuentran en la región elevan el número de involucrados a una cifra considerablemente mayor. Tanto las autoridades rusas como las ucranianas manejan protocolos que contemplan plazos de hasta un año para confirmar la localización o la ausencia de restos, lo que complica las gestiones consulares y cualquier eventual repatriación.

El Gobierno paraguayo ha calificado anteriormente este tipo de reclutamientos engañosos como una modalidad de trata de personas. La actuación de la Fiscalía se inscribe en ese contexto de preocupación por las condiciones en que compatriotas están siendo movilizados hacia el frente.

FUENTE: MEGACADENA