Una cámara de apelaciones argentina confirmó este viernes la orden de decomiso de bienes por cerca de 500 millones de dólares contra la expresidenta Cristina Kirchner .


La exmandataria de 73 años cumple desde junio de 2025 una condena de seis años de prisión domiciliaria y fue inhabilitada políticamente, tras ser hallada culpable de corrupción en la adjudicación de obras públicas.

La causa conocida como “Vialidad” abarca los periodos de gobierno de Cristina Kirchner (2007-2015) y también el de su esposo Néstor (2003-2007), quien falleció en 2010.

Kirchner había apelado la parte de la condena que ordenaba la ejecución de los bienes, al igual que los demás condenados.

Sin embargo, una sala de la Cámara Federal de Casación Penal resolvió rechazar este pedido y confirmar el decomiso dispuesto en la sentencia original, según el fallo obtenido este viernes por la AFP.

De esta manera, queda firme la orden de confiscar una propiedad de Kirchner en la provincia de Santa Cruz (sur) y otros 19 bienes cedidos a sus hijos Máximo y Florencia.

La estrategia de la defensa apuntaba a resguardar los bienes bajo el argumento de que su vinculación con el hecho condenado no había sido “debidamente acreditada”. Es decir, que no se había probado que se hayan adquirido con dinero proveniente de un ilícito.

“Este fallo me genera una preocupación jurídica seria”, dijo a la AFP Gregorio Dalbón, uno de los abogados de Kirchner, que adelantó que “la defensa irá a la Corte Suprema” de Justicia con un recurso de apelación.

“Casación ordenó ejecutar bienes heredados de Néstor Kirchner, una persona que murió antes del juicio y que nunca fue condenada. Extendió efectos penales sobre Máximo y Florencia Kirchner por esa vía hereditaria. Incluyó inmuebles sin trazabilidad directa probada con el delito”, objetó el letrado.

Además de los de Kirchner y sus hijos, el fallo confirma el decomiso de 84 bienes del empresario Lázaro Báez, quien también cumple condena por la causa.

Kirchner enfrenta otro juicio por corrupción durante los años 2000, en el que está acusada de integrar una red de sobornos entre políticos y empresarios por contratos de obras públicas.

Según la acusación en el proceso, que tiene a otros 85 acusados y podría prolongarse más allá de 2026, Kirchner fue “la principal destinataria” de un sistema que comenzó durante la presidencia de su marido entre 2003 y 2007.

FUENTE: HOY