Ramón Ramírez, interventor de la municipalidad de Ciudad del Este durante una conferencia de prensa esta mañana, anunció la presentación de una denuncia ante el Ministerio Público por un supuesto esquema delictivo que opera en el interior de la municipalidad intervenida.

El interventor aseguró que existen indicios confirmados de la existencia de una caja paralela, diseñada para desviar dinero de los contribuyentes de la segunda ciudad más importante del país.

La denuncia realizada estuvo acompañada de todas las documentaciones que avalan la grave denuncia, incluso señalando a los responsables de estos hechos de corrupción.

“Encontramos un esquema de desvío de recursos a través de lo que denominamos una caja paralela a espalda de los fieles y responsables contribuyentes de Ciudad del Este”, explicó el interventor.

El dinero abonado por los contribuyentes no llegaba a la tesorería municipal, en especial en lo relacionado al pago de impuestos inmobiliarios. Ramírez explicó gráficamente el proceso que calificó como delictivo más que irregular.

“Encontramos una serie de numeración de los comprobantes que son totalmente inconsistente con el sistema de numeración de los comprobantes emitidos. Tomamos muestras concentrándonos en los impuestos inmobiliarios, y hallamos datos inconsistentes. Por ejemplo unos pagos realizados en una fecha concreta en la caja número 6 pero al verificar la información, hallamos que ese día precisamente esa caja no operó, me refiero a la caja 6”, señaló Ramírez.

El arqueo de esa caja tampoco visualiza que esa recaudación haya ingresado a las arcas municipales. El mismo patrón de proceso se repite para 9 operaciones similares, que fueron tomadas como muestras para presentar la denuncia formal ante el Ministerio Público.

“Quiero dejar en claro que esto es solamente una parte pequeña de la investigación. Funcionarios con roles y accesos específicos , manipularon al sistema informático para registrar operaciones como pagadas pero que no fueron ingresadas a la tesorería”, agregó.

La asesoría jurídica calificó este hecho como posible delito de extracción y alteración de datos. “Para nosotros no es un simple error administrativo, es una apropiación de los recursos del pueblo, que confirman una vez más la serie de irregularidades que hallamos en esta institución”, concluyó el interventor, para luego explicar que todas las personas que intervinieron en estos hechos, están plenamente identificados.