La presencia de comunidades indígenas en situación de calle se ha vuelto una escena recurrente en diversas ciudades del país. Niños, jóvenes y adultos se ven forzados a buscar refugio improvisado en esquinas, semáforos o al costado de rutas, dependiendo de la solidaridad ajena y enfrentando condiciones extremas.

Durante un recorrido por la Ruta PY06, a la altura del local del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) en la ciudad de Hohenau, un grupo de indígenas relató a nuestro medio los motivos que los llevaron a abandonar sus comunidades. Según explicaron, sus tierras han sido alquiladas a terceros sin su consentimiento y sin que reciban ningún beneficio económico.

“El dinero no llega a nosotros. Nuestras tierras son alquiladas y solo el cacique administra. A nosotros no nos dan nada”, manifestaron con preocupación.

Los denunciantes también responsabilizan a las instituciones estatales por su inacción. Aseguran que, pese a reiterados reclamos, las autoridades competentes no han intervenido, demostrando una total indiferencia ante la situación de vulnerabilidad que padecen.

Estos testimonios reabren el debate sobre la urgencia de revisar las políticas públicas dirigidas a los pueblos originarios, garantizar la transparencia en el manejo de sus bienes y asegurar que los beneficios lleguen efectivamente a quienes legítimamente les corresponden.