Ocho días de operativos conjuntos lograron eliminar 143 hectáreas de cultivos ilegales y sacar de circulación toneladas de droga.
- 03/02/2026
- Por Edicion Prensa
La Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), en forma conjunta con el Comando de Defensa Interna (CODI) y bajo la coordinación del Ministerio Público, llevó adelante la operación denominada “FRENTE SUR II”, una acción estratégica destinada a anular estructuras de producción ilícita de marihuana instaladas ilegalmente dentro del Parque Nacional Caazapá y la Reserva Natural San Rafael.
Esta actividad reviste una doble gravedad criminal: por un lado, la producción de drogas destinadas al narcotráfico internacional; y por otro, la depredación sistemática de bosques protegidos, ya que para el establecimiento de cultivos ilícitos se procede a la tala indiscriminada de bosques vírgenes. Cada hectárea de marihuana detectada representa una hectárea de bosque destruido.
Durante ocho días consecutivos, fuerzas operativas interinstitucionales, con apoyo aéreo de helicópteros de la Fuerza Aérea Paraguaya, realizaron incursiones en zonas de difícil acceso que permitieron la eliminación de 143 hectáreas de plantaciones de marihuana, así como la incautación y destrucción de casi 6 toneladas de droga ya procesada y lista para su distribución.
Asimismo, fueron desmantelados cinco campamentos clandestinos que contaban con infraestructura logística avanzada, incluyendo sistemas de riego, generadores eléctricos y otros equipos utilizados para sostener la producción ilegal.
La droga producida en esta región tenía como principales destinos los mercados de Argentina y Brasil. De acuerdo a estimaciones técnicas, la operación permitió sacar de circulación más de 434 toneladas de marihuana, generando un perjuicio económico aproximado de 65 millones de dólares al crimen organizado transnacional.
La operación “FRENTE SUR II” posee además un fuerte componente ambiental, ya que la presencia sostenida de las fuerzas de seguridad busca desalentar el ingreso y la reinstalación de organizaciones criminales en áreas naturales protegidas, reafirmando el compromiso del Estado paraguayo con la defensa del medio ambiente, la seguridad nacional y la salud pública.