Técnicos de la ANDE cuestionan la política del Gobierno hacia grandes consumidores y alertan que el costo terminará cayendo sobre hogares y comercios, mientras crecen las denuncias ciudadanas por facturas infladas y aumentos poco claros en el consumo eléctrico.

La tensión en el sector energético volvió a escalar tras la publicación de nuevos decretos del Poder Ejecutivo que redefinen el esquema tarifario para industrias de alto consumo eléctrico. Desde la Unión de Ingenieros de la ANDE (UIA) lanzaron una fuerte advertencia: las decisiones adoptadas no solo no corrigen distorsiones históricas, sino que podrían derivar en un aumento generalizado de tarifas para los usuarios comunes en el corto y mediano plazo.

El gremio técnico sostiene que las medidas impulsadas por la administración de Santiago Peña mantienen condiciones preferenciales para sectores electrointensivos, como criptomineras y proyectos vinculados a hidrógeno, mediante esquemas tarifarios de largo plazo que —según advierten— comprometen la sostenibilidad del sistema eléctrico nacional.

Uno de los principales cuestionamientos apunta a la decisión de fijar precios de energía por plazos extensos, que en algunos casos alcanzan hasta 15 años. Para los ingenieros, este tipo de contratos limita la capacidad de reacción de la ANDE ante cambios en el mercado energético y la obliga a asumir riesgos financieros significativos. 

Alertan que Paraguay se acerca progresivamente a un escenario en el que dejará de contar con excedentes hidroeléctricos suficientes, lo que implicará la necesidad de invertir en generación alternativa más costosa. En ese contexto, mantener tarifas bajas para grandes consumidores podría traducirse en pérdidas que inevitablemente deberán ser cubiertas por otros segmentos. 

Desde la UIA advierten que el esquema vigente configura un subsidio indirecto en favor de grandes industrias, ya que cualquier desbalance financiero terminará trasladándose a los usuarios residenciales, pequeños comercios e incluso empresas de menor escala.

Sostienen que el modelo actual no establece límites claros ni mecanismos de corrección, lo que abre la posibilidad de que el sistema opere con tarifas deficitarias para ciertos sectores estratégicos mientras se incrementa la presión sobre el resto de la demanda.

En ese sentido, remarcan que la política energética actual prioriza atraer inversiones de alto consumo sin garantizar un retorno proporcional para el país, ni en términos de empleo ni de desarrollo industrial sostenible.

Otro punto de fricción surge en torno al rol de la denominada mesa técnica que el Gobierno utilizó como respaldo para las decisiones adoptadas. Desde el gremio de ingenieros aclararon que su participación en ese espacio fue limitada a instancias informativas y de análisis general, sin capacidad de decisión ni incidencia directa en los decretos finalmente promulgados.

Esta aclaración busca deslindar responsabilidades ante lo que consideran una utilización política del espacio técnico para legitimar medidas ya definidas.

El debate sobre tarifas eléctricas se da, además, en un contexto particularmente sensible: en las últimas semanas se multiplicaron en medios de comunicación y redes sociales las denuncias de usuarios que reportan aumentos abruptos en sus facturas de electricidad, sin variaciones significativas en sus niveles de consumo.

Las quejas apuntan a presuntas sobrefacturaciones, errores en la medición o ajustes poco transparentes en los cálculos aplicados por la ANDE. En varios casos, los usuarios afirman haber recibido montos considerablemente superiores a los habituales, lo que generó reclamos formales y pedidos de revisión.

Este escenario alimenta la preocupación de los técnicos, quienes advierten que cualquier cambio en la estructura tarifaria, sumado a un clima de desconfianza ciudadana, podría agravar el malestar social.

Finalmente, los ingenieros insisten en que las decisiones actuales comprometen no solo la estabilidad financiera de la ANDE, sino también la seguridad energética del país. Señalan que la apuesta por industrias de alto consumo, sin una planificación integral de la oferta energética, podría reducir los márgenes de reserva y aumentar la vulnerabilidad del sistema.

En ese contexto, el gremio anunció que seguirá monitoreando la implementación de las nuevas disposiciones y no descarta nuevas posiciones públicas si se confirma un impacto negativo en las tarifas o en la calidad del servicio.

El trasfondo es claro: en medio de crecientes reclamos por facturación y con un sistema bajo presión, el debate energético deja de ser técnico para convertirse en un problema político y social, donde el principal interrogante es quién terminará pagando el costo de las decisiones actuales.

FUENTE: EL NACIONAL