El Sindicato de Funcionarios Judiciales del Paraguay ha remitido varios proyectos a la Corte Suprema de Justicia, debido a que en el mes de setiembre se debe analizar el Presupuesto General de la Nación que debe ser aprobado en el 2023.


El principal pedido es seguir contando con el seguro médico, y la contratación o nombramiento de funcionarios que siguen a la espera por varios años, según mencionó Edgar Ramos, vocero del gremio en Itapúa.


Para ello, los funcionarios en la capital hacen lobbies, para que el presupuesto a la institución no sea recortado.


Con ello, unos 3000 funcionarios de todo el país que faltarían ser contratados, podrían contar con un cargo estable, explicó Ramos.