Funcionarios del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) estarían involucrados en hechos de corrupción por el pedido de coima de G. 700.000 a mujeres que buscan regularizar la situación de las tierras que ocupan. El Ministerio Público inició las diligencias en este caso con la revisión de una de las oficinas.

El presidente de la institución, Francisco Ruíz Díaz, explicó que en principio la suma era muy elevada, pero las víctimas estaban dispuestas a hacer pancheadas y polladas para alcanzar “la rebaja” que hicieron los funcionarios.

“Supuestamente se iba a iniciar el proceso de titulación del asentamiento y les dijeron que había una normativa por cual se tenía que cobrar G. 7 millones a cada una de las personas interesadas, pero dicha normativa no existe, pero que el dinero era para las personas que iban a hacer el relevamiento de la información para iniciar el proceso de titulación”, relató el titular del Indert.

Serían alrededor de cinco los funcionarios involucrados en el esquema, pero recién el lunes se contará con una información más completa. Aclaró que, primeramente, la dependencia denunciada no tiene la facultad de realizar el barrido predial masivo, un servicio que está a cargo del Sistema de Información Rural y de la Tierra y que, además, solo la Gerencia de Créditos puede recibir pagos con la emisión del documento respaldatorio.

Ruíz Díaz mencionó que esta investigación es resultado de los mecanismos adoptados para dar mayor independencia, recursos y abogados a la Dirección de Transparencia y Anticorrupción, donde empezaron a llegar y procesar las denuncias. El propio presidente del Indert visitó el asentamiento y pudo observar ocupantes en situación de extrema pobreza, en su mayoría mujeres, a quienes ofreció su respaldo para esclarecer la situación.

En ese sentido, el Indert colabora con el Ministerio Público en la investigación.

Fuente: UH