En una jornada marcada por la indignación y el luto, los allegados del guardia de seguridad privada que perdió la vida en cumplimiento de su deber han salido al paso de las especulaciones para aclarar que la víctima no había manifestado temor alguno ni reportado hostigamientos antes del ataque. Según las declaraciones recogidas en el entorno familiar, el trabajador mantenía una rutina estrictamente profesional y no tenía conflictos personales ni deudas pendientes, lo que refuerza la tesis de que el crimen pudo estar motivado por un intento de robo de su arma de dotación o por una represalia azarosa durante su turno de vigilancia. Esta ausencia de antecedentes violentos o advertencias previas ha sumado una capa de desconcierto a la tragedia, llevando a sus parientes a cuestionar las condiciones de seguridad en las que desempeñaba sus funciones y la aparente vulnerabilidad a la que están expuestos los vigilantes en zonas críticas.

Ante este escenario, la familia ha hecho un llamado enérgico a las autoridades judiciales para que se agilice la revisión de los dispositivos de almacenamiento de video y las cámaras de vigilancia del sector, elementos que consideran cruciales para identificar la ruta de escape de los agresores. En sus intervenciones ante la prensa local, recalcaron que no descansarán hasta que el caso sea tipificado con la gravedad que merece y se capture a los responsables, evitando que esta muerte pase a formar parte de las frías estadísticas de impunidad. Mientras la policía científica continúa recolectando evidencia en la escena del crimen y analizando los testimonios de los compañeros de turno, la comunidad y diversos gremios de seguridad privada se han unido al clamor de justicia, exigiendo mayores garantías para quienes arriesgan su vida protegiendo bienes ajenos sin contar, en muchas ocasiones, con el respaldo logístico o legal necesario para enfrentar la creciente criminalidad.