El exdiputado Miguel Cuevas, condenado a cinco años de prisión por enriquecimiento ilícito, presentó una apelación contra la sentencia, alegando violaciones de principios legales fundamentales en su juicio.
- 09/10/2023
- Por Edicion Prensa
El abogado Guillermo Duarte, defensor de Cuevas, impugnó la condena, argumentando que el tribunal infringió el principio de congruencia y el derecho a la defensa al incluir una pericia ilegal en el proceso. Duarte solicita la anulación del fallo y una revisión exhaustiva del caso.
En la apelación especial, la defensa argumenta que no existe congruencia o correspondencia entre los hechos presentados por el Ministerio Público en su escrito de acusación, sus alegatos iniciales y sus alegatos finales. Además, sostiene que no se ha establecido claramente el supuesto enriquecimiento ilícito de Cuevas durante el juicio, lo que impide determinar si el procesado tenía la capacidad para sostener dicho enriquecimiento, tal como exige el tipo penal.
La defensa también señala la falta de una cifra precisa que abarque todos los gastos realizados por Miguel Cuevas durante su tiempo como funcionario público. A lo largo del proceso, se presentaron tres cifras fluctuantes, desde el auto de apertura hasta el debate oral y la sentencia actual, lo que según la defensa, crea incertidumbre en la acusación.
La apelación especial busca la nulidad de la sentencia de primera instancia y una revisión completa del caso, argumentando que los errores procesales socavaron el derecho a la defensa de Miguel Cuevas y la integridad del proceso judicial.
Miguel Cuevas fue condenado el 15 de septiembre pasado. El político colorado recibió su sentencia tras cuatro años de haber sido imputado por los presuntos hechos de enriquecimiento y declaración falsa, por las inconsistencias respecto a sus ingresos y egresos.
El fiscal del caso, Luis Piñánez, había señalado en su acusación que existió una falta de correspondencia entre los egresos e ingresos de Cuevas desde el 2009 al 2019, durante su desempeño en la función pública y por ello pidió 10 años de cárcel. Detalló que la diferencia rondaría los G. 5.700 millones y que el exdiputado y exgobernador de Paraguarí no pudo demostrar con documentaciones “valederas” el motivo por el que los gastos que efectuaba superaban sus ingresos.
Fuente: ADN