El ministro Óscar González reconoció que el grupo armado ya opera integrado al narcotráfico, sin ideología y con respaldo logístico de redes criminales. Mientras no hay prueba de vida del secuestrado, las Fuerzas Armadas se mantienen en alerta ante posibles represalias y un recrudecimiento de la violencia.

La reaparición del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo ya no se discute en términos de sospechas o hipótesis. El propio ministro de Defensa Nacional, general en situación de retiro Óscar González, confirmó que el grupo no solo sigue activo, sino que actualmente funciona en una alianza directa con estructuras del narcotráfico, configurando una amenaza mucho más compleja y peligrosa para la seguridad interna.

Según explicó, el EPP dejó atrás cualquier discurso ideológico y pasó a convertirse en un engranaje dentro de la economía criminal. Hoy, sus integrantes operan como parte de un esquema vinculado a la protección de cultivos de marihuana y al sostenimiento de redes del narcotráfico, lo que les permite acceder a financiamiento, logística y cobertura territorial.

El diagnóstico del Ministerio de Defensa es contundente: existe una "certeza técnica" de que el EPP actúa en confabulación logística con organizaciones narco. Esta integración no es marginal ni circunstancial, sino estructural. 

De acuerdo con los datos manejados por inteligencia militar, las organizaciones criminales proveen a las células remanentes del EPP recursos operativos, movilidad y sustento financiero, insertándolas dentro de una red delictiva transnacional. En términos prácticos, el grupo armado dejó de ser una organización insurgente para convertirse en un actor funcional al narcotráfico. 

Este cambio modifica completamente la naturaleza del conflicto: ya no se trata de un grupo aislado con motivaciones políticas, sino de una estructura híbrida que combina terrorismo, crimen organizado y control territorial en zonas rurales.

Territorio hostil y ventaja criminal

El escenario donde se desarrolla esta nueva dinámica es uno de los principales desafíos para las fuerzas de seguridad. Las operaciones se concentran en áreas que abarcan entre 25.000 y 61.000 hectáreas de reservas forestales, una geografía densa que favorece el ocultamiento, la movilidad clandestina y la evasión.

En estos territorios, los grupos armados conocen cada sendero, cada vía de escape y cada punto estratégico, lo que les otorga una ventaja operativa frente a las fuerzas estatales. La combinación de monte cerrado, frontera permeable y presencia narco convierte a la zona norte en un corredor crítico de criminalidad.

Sin prueba de vida y con tensión creciente

En medio de este escenario, el caso del joven secuestrado sigue sin resolución. El ministro González confirmó que hasta el momento no existe una prueba de vida, lo que profundiza la incertidumbre y la angustia de la familia.

A pesar de ello, aseguró que los trabajos de inteligencia no se detienen y se desarrollan de forma silenciosa, bajo coordinación del Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI). La estrategia apunta a evitar filtraciones y preservar la eficacia de las operaciones en terreno.

El despliegue incluye la acción conjunta del Departamento Antisecuestro, el Batallón de Inteligencia y unidades militares que buscan restringir la movilidad de los captores y cerrar posibles rutas de escape.

En medio de este escenario, el caso del joven secuestrado sigue sin resolución. El ministro González confirmó que hasta el momento no existe una prueba de vida, lo que profundiza la incertidumbre y la angustia de la familia.

A pesar de ello, aseguró que los trabajos de inteligencia no se detienen y se desarrollan de forma silenciosa, bajo coordinación del Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI). La estrategia apunta a evitar filtraciones y preservar la eficacia de las operaciones en terreno.

El despliegue incluye la acción conjunta del Departamento Antisecuestro, el Batallón de Inteligencia y unidades militares que buscan restringir la movilidad de los captores y cerrar posibles rutas de escape.

El CODI mantiene un monitoreo constante en los puntos considerados críticos, con el objetivo de impedir desplazamientos hacia rutas principales y reducir el margen de maniobra de los grupos armados.

El propio titular de Defensa admitió sentir la misma ansiedad que la ciudadanía ante la falta de resultados visibles, pero remarcó que la inteligencia estratégica requiere discreción para ser efectiva. En paralelo, supervisa personalmente incursiones en zonas sensibles, en una señal de que el operativo se mantiene activo y sin pausas.

Efecto Marset y alerta militar

El contexto de seguridad se vuelve aún más delicado tras la reciente caída de Sebastián Marset, considerada por el Gobierno como un golpe importante al crimen organizado.

Sin embargo, lejos de significar una calma, el escenario abre la posibilidad de reacomodos violentos dentro de las estructuras criminales. Por eso, las Fuerzas Armadas se encuentran en estado de alerta ante eventuales represalias, disputas internas o intentos de reorganización.

La vigilancia se extiende especialmente a zonas fronterizas, donde se monitorea cualquier señal de rearme o movimiento de grupos vinculados al narcotráfico.

Un conflicto que mutó y se expandió

Las declaraciones de Óscar González terminan de confirmar un giro profundo en la amenaza que enfrenta el país. El EPP no desapareció: se transformó.

Hoy es una estructura más pequeña, pero más integrada al crimen organizado, con financiamiento ilegal, protección territorial y capacidad de acción en zonas donde el Estado enfrenta limitaciones operativas.

La ausencia de una prueba de vida del secuestrado, sumada a la confirmación de esta alianza con el narcotráfico, deja un panorama inquietante: el conflicto ya no es solo un problema de seguridad interna, sino parte de una red criminal más amplia, con capacidad de adaptación, financiamiento constante y potencial de escalada.

FUENTE: EL NACIONAL