Fueron varias las demandas de inconstitucionalidad presentadas a la Corte para despenalizar el aborto por violación. Parte de esas denuncias fueron interpuestas por colectivos feministas como Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador, Fundación Desafío, el Frente Ecuatoriano por la Defensa de los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, entre otras. De tal manera, que el 28 de abril del 2021 la Corte resolvió que el aborto por violación es legal en ese país andino. 

Este organismo judicial modificó lo relacionado a la penalización del aborto dentro Código Orgánico Integral Penal que establecía desde 1983 que, solamente, una mujer con discapacidad mental podía acceder al aborto por violación. Dentro del fallo se fijó que sea la Asamblea la encargada de presentar el proyecto dentro de dos meses, mientras, la Asamblea sería la encargada de dar el cuerpo legal en seis meses.  

Los plazos se cumplieron y la Asamblea Nacional del Ecuador debatirá este 25 de enero el segundo informe del Proyecto de Ley Orgánica para Garantizar la Interrupción Voluntaria del Embarazo en Caso de Violación. Uno de los últimos puntos discutidos y reconsiderado, han sido los plazos. Se modificó el plazo de 28 semanas de gestación para realizarse un aborto, a 22 semanas para las mujeres menores de 18 años, 20 semanas para las mayores de 18 años y sin plazos para mujeres con discapacidad mental. 

El Proyecto de Ley presentado por parte de la Defensoría del Pueblo a la Asamblea Nacional, es un trabajo realizado por más de 100 colectivos feministas, Organizaciones de Derechos Humanos y la Organización Civil.

Surkuna, es una de las organizaciones feministas que ha mantenido su lucha por la despenalización del aborto en el país y que acompaña a niñas, adolescentes y mujeres en su acceso a un aborto. En su primer informe, presentado luego del fallo de la Corte, señaló que, hasta noviembre del 2021, 22 niñas solicitaron un aborto, 16 pudieron acceder a uno dentro del sistema público. Las cinco restantes tuvieron problemas por solicitud de denuncia y la generación de un proceso revictimizante contra ellas.

El proyecto cuenta con 64 artículos y unos de sus fines, como consta en el texto es “garantizar la dignidad de toda niña, mujer, adolescente y persona gestante que desee interrumpir su embarazo, reconociendo que son libres de tomar decisiones para interrumpir voluntariamente el embarazo en casos de violación”

Otro de los puntos críticos ha sido sobre el personal de salud, ya que el texto indica que “se prohíbe al personal del sistema nacional de salud obstaculizar el acceso de las niñas, adolescentes, mujeres y personas gestantes a la interrupción voluntaria del embarazo cuando es legal”, además de que “bajo ningún concepto se requerirá la denuncia, examen o declaración previa alguna a la niña, adolescente, mujer o persona gestante que desee interrumpir su embarazo producto de violación".

En este escenario las principales vocerías en favor a la despenalización del aborto por violación han contextualizado datos que suman al debate civil. Por ejemplo, según el Observatorio de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito, cada día se registran 13 embarazos producto de una violación de niñas entre a 10 a 14 años, de ellos, 6 terminan en aborto y 7 en partos.

Organizaciones de DD. HH. y colectivos feministas como SURKUNA, el Consejo de Protección de Derechos de Quito, entro otros, alertan que hay tres nudos críticos que ha generado polémica: la objeción de conciencia, requisitos y plazos. Agregan que esos temas ya fueron tratados y que la Comisión de Justicia, la encargada de debatir el proyecto, no ha tolerado la presión de grupos que se oponen al aborto.

Se espera que para el 25 de enero se desarrollen diferentes actividades impulsadas por grupos feministas y organizaciones sociales, quienes exigen a la Asamblea una respuesta que garantice los derechos de las niñas, adolescentes y mujeres.

Los grupos contrarios al aborto también se movilizan

Por su parte, grupos en contra de la despenalización del aborto han iniciado también una serie de acciones para frenar la aprobación del proyecto de Ley.

Una de las voces que ha generado polémica es María Lourdes Alcívar, esposa del presidente Guillermo Lasso, quien en diferentes ocasiones ha expresado estar en contra del aborto, incluso, usa sus redes para promover el seguimiento de la información de agrupaciones en contra del aborto.

Durante su campaña a la presidencia y una vez en ella, el presidente Lasso se comprometió a respetar los dictámenes de la Corte. Al conocerse la sentencia que despenaliza el aborto por violación en Ecuador, dijo que la respetaría.

Mediante un comunicado detalló que acataría el fallo. Sin embargo, no volvió a referirse sobre el tema. Y no fue hasta que brindó declaraciones a un medio local donde el presidente afirmó que vetará el proyecto. “No sólo en el campo personal, sino ahora como presidente de la República mi obligación será vetar esa ley a efectos de que no vaya más allá del fallo de la Corte Constitucional”, expresó Lasso.

A menos de una semana de llevarse el debate en el pleno del Legislativo ecuatoriano diversas son las visiones, incluso, dentro de la misma Comisión que llevó adelante la discusión. A pesar de los desencuentros sobre el tema, la respuesta del presidente y la decisión de los asambleístas ecuatorianos, están bajo la mira de si el respetarán y aplicarán el dictaminen de la Corte Constitucional. 

Fuente: EFE