Los gremios docentes de todo el país se mantienen en estado de alerta y analizan la posibilidad de convocar a una huelga como medida de presión ante el proyecto de reforma de la Caja Fiscal impulsado por el Gobierno Nacional, que plantea modificaciones en el sistema jubilatorio del sector público. La propuesta genera una fuerte resistencia en el magisterio, que considera que los cambios afectan derechos adquiridos.

El principal punto de desacuerdo radica en la modificación de la edad mínima para acceder a la jubilación. Según el proyecto, los docentes podrán jubilarse a los 57 años de edad, siempre que cuenten con al menos 25 años de aporte. Esta medida fue calificada como inaceptable por los educadores, quienes sostienen que las condiciones actuales ya fueron conquistadas tras años de lucha sindical.

En diálogo con este medio, el docente encarnaceno Luis Ruiz Díaz expresó que existe una postura firme y unificada del sector. “Hay un rechazo total por parte de los docentes. No estamos de acuerdo con que se cambien las reglas de juego en materia jubilatoria”, afirmó, advirtiendo que no se descartan movilizaciones ni paros si el proyecto continúa su curso.

Desde los gremios sostienen además que el déficit de la Caja Fiscal, que supera los 300 millones de dólares anuales, no puede ser atribuido exclusivamente a los trabajadores del sector público. Ruiz Díaz remarcó que el Estado mantiene una deuda histórica con la Caja Fiscal y que ese punto debería ser el eje central de cualquier debate sobre una eventual reforma.

Asimismo, señaló que la labor docente no beneficia únicamente al Estado, sino a toda la sociedad, por lo que considera razonable que los contribuyentes también aporten al sostenimiento del sistema jubilatorio.

Otro aspecto cuestionado es la premura con la que se pretende tratar el proyecto, teniendo en cuenta que su aplicación está prevista recién para enero del 2027. “No entendemos el apuro cuando aún hay margen para un debate serio y participativo”, manifestó.

Aunque durante el 2025 el Gobierno mantuvo reuniones con docentes, policías y militares, los gremios aseguran que sus planteamientos no fueron considerados. Ante este escenario, no se descartan medidas más drásticas, incluida la no iniciación de clases, en defensa de los derechos del magisterio.