La jueza destituida Natalia Garcete dictó providencias sin fecha ni numeración, lo que derivó en embargos irregulares contra personas que ni siquiera fueron notificadas de los procesos en su contra.

El presidente del JEM y preopinante, César Garay, afirmó que las actuaciones de la magistrada generaron “consecuencias nefastas”, incluyendo la expulsión del sistema financiero de los afectados. “Se vulneraron derechos humanos fundamentales”, señaló.

Por su parte, el ministro Manuel Ramírez Candia destacó que las decisiones administrativas de la jueza impactaron en todos los juicios ejecutivos a su cargo, afectando gravemente la seguridad jurídica.

El caso forma parte del proceso investigativo sobre la denominada mafia de los pagarés, un esquema que, mediante juicios ejecutivos irregulares, generaba embargos y sanciones contra ciudadanos que no eran debidamente informados ni defendidos en los expedientes.