El magistrado aclaró que no fue el juez que intervino en la causa y explicó que se enteró del caso recién el martes, cuando le solicitaron informes sobre el expediente.

Según relató, la resolución fue firmada el viernes, día en que se encontraba con permiso particular, y estuvo a cargo de la jueza interina Melisa Carlson. Indicó que el Ministerio Público había solicitado el arresto domiciliario y sostuvo que el pedido carecía de una fundamentación suficiente para justificar la medida cautelar.

“Si la Fiscalía no pide prisión preventiva, el juez de garantías no puede dictar prisión”, manifestó López, al explicar que los magistrados no pueden suplir las funciones del Ministerio Público ni imponer una medida más gravosa que la solicitada, conforme a los argumentos expuestos por el juez.

El magistrado calificó de “mal hecho” y “mal fundado” el requerimiento fiscal, al señalar que, a su criterio, no se justificaron adecuadamente los presupuestos legales relacionados con la gravedad del hecho y los posibles peligros de fuga u obstrucción de la investigación.

Consultado sobre qué decisión habría tomado si le correspondía intervenir, López respondió que no habría otorgado el arresto domiciliario en esas condiciones y que incluso podría haber dispuesto la excarcelación, con costas al Ministerio Público, debido a las deficiencias que atribuyó al requerimiento fiscal.

No obstante, reconoció que la cercanía entre el domicilio donde el imputado cumple la medida y la vivienda de la víctima genera preocupación. En ese sentido, señaló que el juzgado analizaría la situación para evaluar una eventual modificación del lugar de cumplimiento del arresto domiciliario, a fin de evitar que permanezca cerca de la niña y su familia.

Finalmente, López sostuvo que algunas decisiones judiciales generan rechazo social porque son impopulares, pero afirmó que los jueces deben actuar conforme a la ley y no utilizar la prisión preventiva como una sanción anticipada.

La controversia se centra en la medida cautelar otorgada al imputado y en los argumentos jurídicos que llevaron a su aplicación, mientras persiste la preocupación por la protección de la víctima y su entorno familiar.