El abuso financiero hacia las personas adultas mayores se ha convertido en una problemática cada vez más frecuente y difícil de detectar en Paraguay. En muchos casos, hijos, familiares cercanos o incluso vecinos se aprovechan de la vulnerabilidad de los ancianos para apropiarse de sus documentos personales, tarjetas bancarias o pensiones, limitando su autonomía y afectando directamente su calidad de vida.

Esta forma de violencia económica suele presentarse bajo la apariencia de ayuda o cuidado, pero termina privando a las víctimas del control sobre sus propios recursos, dejándolas sin posibilidades de cubrir necesidades básicas como alimentación, medicamentos o vestimenta.

Especialistas advierten que, a pesar de la existencia de leyes relacionadas con la violencia doméstica y la protección de ciertos derechos, el Código Penal paraguayo no contempla una figura específica para sancionar la violencia patrimonial o económica contra los adultos mayores. Esta situación dificulta la investigación y persecución de los responsables.

Ante este escenario, se insta a la ciudadanía a no guardar silencio y denunciar cualquier sospecha de manejo indebido del patrimonio de una persona mayor. Las autoridades recuerdan que el maltrato y el abandono constituyen un problema de salud pública que requiere el compromiso de toda la sociedad para proteger la dignidad y los derechos de quienes integran este sector de la población.