El exjefe comunal fue hallado culpable del hecho punible de lesión de confianza por el manejo irregular de fondos municipales durante el ejercicio fiscal 2022.

El Tribunal logró establecer la responsabilidad penal de Garay Olmedo aplicando la teoría de la equivalencia de las condiciones. Se confirmó un nexo causal directo entre el acusado y el perjuicio financiero a la comuna, materializado puntualmente en cheques librados los días 9 y 13 de diciembre de 2022.

El Tribunal determinó que el exintendente poseía la cualidad objetiva de autor al estar al frente de la administración, asumiendo con total autonomía la obligación principal de proteger el patrimonio de la institución. Su conducta fue calificada como antijurídica y reprochable, sin que actuara amparado por alguna causa de justificación, permiso legal, error de prohibición o trastorno mental. En consecuencia, se concluyó que obró con dolo de primer grado, dándose una perfecta congruencia entre el daño ocasionado y su rol de garante.

En el desarrollo del juicio oral quedó demostrado el descontrol administrativo que facilitó la efectivización de cheques a favor de contratistas por parte de los propios funcionarios municipales. Se comprobó el cobro irregular de fondos por parte del entonces contador, Hugo Paniagua, así como millonarios retiros realizados directamente por el tesorero Jorge González y el propio Víctor Garay.

Ante estas maniobras y las severas contradicciones detectadas en las declaraciones testificales, el Tribunal ordenó remitir al Ministerio Público los antecedentes de Hugo Paniagua para que sea investigado por el delito de testimonio falso.

Finalmente, los magistrados dispusieron el envío de los antecedentes del exintendente y de otros involucrados para la apertura de nuevas causas penales. El objetivo es que la Fiscalía realice la investigación a fin de aclarar posibles sobrefacturaciones y rastrear el destino de más de 2.000 millones de guaraníes extraídos de la Municipalidad en un corto lapso de cuatro meses, una reducción drástica de fondos que quedó sin justificación.

FUENTE: EL OBSERVADOR