Semanas más tarde la ley de emergencia nacional y un préstamo de USD 1.600 millones, entre muchas otras cosas.
Un sábado por la tarde, en fecha 7 de marzo del 2020, en una conferencia de prensa convocada de urgencia, el entonces ministro de Salud, Julio Mazzoleni, junto al vice, Julio Rolón, comunicaban la detección del primer paciente con coronavirus.
Era un joven de 32 años proveniente del Ecuador, quien había consultado por un cuadro febril y por problemas de garganta. Su estado no llegó a ser grave. En aquel entonces, todos los funcionarios de salud y las personas que tuvieron contacto con el enfermo, permanecieron bajo monitoreo de la Dirección de Vigilancia.
En aquel entonces, ya se hablaba de la necesidad del lavado de manos y de la “etiqueta de la tos” (toser en la flexura del brazo). Sin embargo, se indicaba que el uso del tapabocas era exclusivo para quienes presentaban síntomas respiratorios, a fin de proteger a los demás.
El martes 10 de marzo, también por la tardecita, Mario Abdo Benítez declaraba por decreto cuarentena total y aislamiento social a partir del 11 de marzo por 15 días e implementaba el lema #Quedateencasa. Desde entonces todos los sectores económicos quedaban paralizados, incluyendo la educación en todos sus niveles.
Sin embargo, se esperaba que todo se reanude efectivamente en 15 días, pero para sorpresa de todos, el 28 de marzo, el Ejecutivo y su equipo comunicaban que la cuarentena total se extendía hasta el 12 de abril. “Después de escuchar los argumentos de todos los sectores. He decidido mantener el aislamiento total hasta el 12 de abril. Pido un esfuerzo más a todos! Continuemos solidarios con nuestro sistema de Salud”, escribía Abdo en su cuenta de Twitter.
En su artículo 1º, el decreto disponía restringir totalmente el tránsito de personas y vehículo y establecía que todos los habitantes debían permanecer en su residencia habitual y que solamente podían salir para desplazamientos mínimos e indispensables como la compra de alimentos, medicamentos y artículos de limpieza.
Las pocas excepciones eran las autoridades nacionales, los trabajadores de medios de comunicación, de supermercados, despensas, farmacias y la cadena logística para la provisión de alimentos, fármacos etc.
Por otro lado, días antes de la extensión, es decir, el 26 de marzo, ya se promulgaba la ley que declaraba emergencia en todo el territorio nacional ante la pandemia del Covid-19. La legislación habilitaba al Ejecutivo a tomar medidas excepcionales en lo presupuestario, lo fiscal y administrativo.
El Congreso aprobó un crédito de 1.600 millones de dólares por la emergencia, de los cuales, aproximadamente 400 millones eran para el Ministerio de Salud. Posteriormente llegaron otras medidas como la asistencia a los trabajadores suspendidos a través de un subsidio del IPS.
La economía vivió su peor época entre abril y mayo, a partir de lo cual empezó a reactivarse muy tímidamente con la “cuarentena inteligente”, aunque ciertos sectores nunca lograron recuperarse, ya que continuaban las restricciones para ellos, como por ejemplo, los de gastronomía, eventos y turismo, los últimos en ser habilitados al retorno.
Fuente: HOY