Un trabajador denunció el supuesto retiro de vehículos blindados, helicópteros, armas y efectivo antes de la destitución de Peña. El representante legal quedò detenido.


La Fiscalía incautó más de G. 9.000 millones durante un allanamiento a GSR Security, empresa vinculada al Grupo Vázquez, en Asunción. El procedimiento se realizó el martes 17 de noviembre y permitió detectar un faltante inicial de G. 3.090 millones. Los fiscales Silvio Corbeta y Ruth Benítez ordenaron la detención del representante legal de la firma, Fabricio Martínez, quien quedó detenido.

Según explicó Corbeta, GSR Security almacenaba valores en efectivo, tanto en guaraníes como en dólares. El último arqueo disponible, correspondiente al 3 de noviembre, registraba aproximadamente G. 18.000 millones y USD 189.000. Los fondos pertenecían a Ueno Bank y REDISA (Red Digital). En el establecimiento encontraron una sola bóveda con dinero de ambas empresas. Sin embargo, los responsables de GSR sostienen una versión alternativa y afirman que también prestaban servicios a otras firmas.

El efectivo recuperado fue entregado a directivos del Banco Central del Paraguay (BCP) para su administración durante la intervención. La empresa Prosegur realizó el conteo y la trazabilidad mediante sus equipos y los disponibles en el establecimiento. Allí se identificó el faltante de G. 3.090 millones. Los investigadores presumen la responsabilidad de Martínez, cuya detención se fundamentó en testimonios y evidencias documentales y digitales. Benítez confirmó que buscan recuperar el dinero restante. 

Los fiscales señalaron que los registros de GPS muestran que parte del efectivo salió del establecimiento y posteriormente regresó a la bóveda. El seguimiento permitió identificar una vivienda vinculada al detenido. Además, incautaron el vehículo que habría transportado el dinero. Corbeta reconoció que desconocen el destino de los G. 3.090 millones faltantes. Durante el procedimiento también recogieron documentos, sellos, registros de movimientos y datos de geolocalización. El fiscal afirmó que ya obtuvieron los elementos necesarios para la investigación.

Durante el allanamiento, Víctor Gómez, quien se identificó como trabajador de GSR Security, denunció supuestos movimientos de bienes antes de la destitución de Santiago Peña, ocurrida el 6 de noviembre. Según su versión, la empresa habría adquirido recientemente entre 10 y 12 vehículos nuevos, incluidos blindados, además de dos helicópteros. Aseguró que actualmente desconoce su ubicación porque habrían sido retirados antes del juicio político. También mencionó el supuesto traslado de fusiles, ametralladoras y varias bolsas que contendrían dinero en efectivo.

Gómez sostuvo que estas operaciones se habrían realizado durante la madrugada. Según denunció, los guardias habituales fueron reemplazados por personal considerado de confianza para facilitar los movimientos. Asimismo, afirmó que comenzaron despidos sin justificación tras los primeros acontecimientos relacionados con Ueno Bank. Los trabajadores afectados acumularían tres meses sin cobrar salarios e indemnizaciones. También denunció descuentos salariales correspondientes al Instituto de Previsión Social (IPS), pese a que supuestamente no figuraban inscriptos ni se habrían realizado los aportes. Los empleados, además, cobraban sus haberes mediante Ueno Bank. 

La fiscal Ruth Benítez indicó que los elementos reunidos apuntan a que GSR Security prestaba servicios exclusivamente al Grupo Vázquez. También señaló que, según información preliminar, la empresa no contaba con registro ante el BCP para transportar valores. Esta situación forma parte de los aspectos examinados durante la investigación. Los responsables de la firma, por su parte, mantienen que sus operaciones incluían servicios para otras compañías.

Corbeta explicó que el Ministerio Público ya investigaba las actividades de GSR Security mediante tareas de inteligencia y denuncias ciudadanas. Consultado sobre la existencia de custodia desde la destitución de Santiago Peña, evitó pronunciarse sobre cuestiones políticas. Afirmó que la actuación fiscal se limita al ámbito judicial. Mientras tanto, los investigadores continúan buscando el efectivo faltante y analizando las evidencias incautadas, incluidas las relacionadas con los movimientos de vehículos y valores.

Fuente: ABC Color - RDN -. HOY