Otra procesada en el caso, la exdirectora administrativa Maristela Azuaga fue condenada a 10 años de cárcel.

Todos fueron acusados por el Ministerio Público, por el desvío de más de G 68.000 millones.

Ese monto de dinero debía ser utilizado para proyectos de ayuda a pequeños productores frutihortícolas.

La ayuda debía traducirse en capacitación y créditos a trabajadores del campo de diversos distritos del país.

La pesquisa del Ministerio Público señala que no existe ningún documento que sustente el desembolso de semejante volumen de dinero. Y que en consecuencia los imputados deben responder con penas privativas de libertad, ante lo que se considera lesión de confianza y desvío de fondos públicos para provecho personal.

En ámbitos de la justicia se evalúa la decisión del Tribunal de Sentencia, como una prueba de que se puede aplicar penas ejemplares, para funcionarios que corrompen el cargo que ostentan, apropiándose de bienes y recursos que pertenecen a contribuyentes.

Fuente: HOY