El senador liberal Eduardo Nakayama impulsa un proyecto de modificación del Código Penal que busca elevar hasta 10 años de prisión la pena para quienes provoquen muertes en accidentes de tránsito mientras conducen bajo los efectos del alcohol o las drogas.

La iniciativa, según comentó, fue analizada durante una mesa de trabajo con representantes de instituciones vinculadas a la seguridad vial, el tránsito y el ámbito jurídico. Participaron representantes de la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci), la Municipalidad de Asunción, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), la Asociación Paraguaya de Compañías de Seguros y distintas comisiones asesoras del Senado.

También participaron representantes de la academia, entre ellos el titular de la cátedra de Derecho Penal de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), José Ignacio González Macchi.

Nakayama explicó que la propuesta surgió a partir de la preocupación generada por accidentes de tránsito con múltiples víctimas y por lo que considera una baja expectativa de pena en el actual sistema penal.

"La expectativa de pena es bajísima en nuestro actual sistema penal", sostuvo el legislador, quien señaló que el objetivo es que la modificación tenga un efecto disuasorio y contribuya a generar mayor responsabilidad entre los conductores.

El proyecto plantea modificar los artículos 107 y 207 del Código Penal para establecer un tratamiento más severo en determinadas circunstancias. Una de las principales agravantes contempladas es que el conductor responsable de un accidente fatal se encuentre bajo los efectos del alcohol o de drogas.

"Hoy día no importa si uno le mata a uno, dos, tres, cuatro personas; no hay diferencia", cuestionó Nakayama, al considerar que el sistema debería contemplar una respuesta penal acorde con la gravedad de los hechos.

El senador sostuvo que un accidente de tránsito puede producirse por imprudencia o impericia, pero consideró que existe una diferencia sustancial cuando el conductor decide manejar luego de consumir alcohol o drogas.

"La agravante tiene que ser el utilizar alcohol o drogas", afirmó, al señalar que una conducta de este tipo no debería recibir el mismo tratamiento que un hecho estrictamente fortuito.

Nakayama indicó que la intención es establecer una política criminal con mayor capacidad de disuasión, de manera que los conductores comprendan que ponerse al volante bajo los efectos de sustancias que afectan sus capacidades puede tener consecuencias penales más graves.

FUENTE: EL NACIONAL