Madres paraguayas residentes en España denuncian que algunos padres, desde Paraguay, exigen dinero para firmar el permiso de viaje de sus hijos menores. Según la Asociación de Paraguayos en Tarragona, esta práctica pone en riesgo procesos de regularización migratoria y afecta directamente a familias que buscan establecerse legalmente en territorio español.

El presidente de la Asociación de Paraguayos en Tarragona, Cataluña, Eduardo Ortega, relató el caso de su hermana, quien estuvo cerca de perder la oportunidad de obtener la residencia para su hijo de 13 años. España habilitó un programa extraordinario de regularización para migrantes, vigente entre el 16 de abril y el 30 de junio, pero el padre del menor se negaba a otorgar la autorización necesaria.

La situación se resolvió luego de que la madre advirtiera al padre sobre una posible demanda por prestación alimentaria. Ortega afirmó que su hermana asumió sola todos los gastos de manutención del hijo desde su llegada a España. Además, sostuvo que el padre nunca realizó aportes económicos pese a que finalmente otorgó un permiso válido hasta la mayoría de edad del adolescente.

Ortega aseguró que este tipo de situaciones se repite con frecuencia entre familias paraguayas residentes en España. Según indicó, algunos padres condicionan la firma del permiso al pago de dinero. “Mandame tanto y te firmo el permiso”, afirmó que suelen responder, lo que dificulta completar los trámites dentro de los plazos establecidos.

También mencionó casos de menores que viven con hermanas o tías, pero no cuentan con la tutela legal correspondiente. Esa situación dificulta el acceso a determinados beneficios migratorios. Ortega explicó que la residencia temporal para menores dura cinco años. Luego, pueden solicitar la residencia de larga duración.

En Paraguay, el Senado analiza un proyecto que busca modificar los permisos de viaje de menores. La propuesta plantea que no sea necesaria la firma del progenitor que incumpla la prestación alimentaria o figure en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM). Sin embargo, la iniciativa todavía se encuentra en proceso legislativo y la normativa vigente continúa exigiendo la autorización de ambos padres.

El dirigente explicó que la autorización para el viaje de un menor puede gestionarse mediante videoconferencia entre ambos progenitores cuando existe acuerdo mutuo. Señaló que el procedimiento puede realizarse de forma gratuita a través de un juzgado.

Sin embargo, cuestionó que algunos abogados cobren hasta G. 3.500.000 por estas gestiones. También denunció sobreprecios en la obtención de antecedentes judiciales legalizados y apostillados. Según indicó, un trámite que debería costar alrededor de G. 300.000 puede llegar a cobrarse entre 150 y 200 euros, equivalentes a aproximadamente G. 1.000.000 y G. 1.300.000.

Fuente: EXTRA/RDN