Daysi Gimena Doerksen denuncia haber sido despedida de manera injustificada de la Granja y Zoológico San Miguel, ubicada en María Auxiliadora, Itapúa, mientras se encontraba embarazada.


De acuerdo con el escrito presentado por la mujer, fue contratada verbalmente por Miguel Ángel Ríos Romero el 23 de octubre de 2023, para desempeñarse de manera permanente, dependiente y subordinada en el establecimiento. Según su versión, trabajaba junto con su pareja, Christian Núñez.

La denunciante sostiene que ambos fueron desvinculados el 6 de mayo de 2024, con presencia de efectivos policiales. Según afirma, la presencia de los uniformados habría sido utilizada como una forma de amedrentamiento durante el procedimiento.

Uno de los principales cuestionamientos planteados por Daysi es que, al momento de su despido, se encontraba embarazada de 32 semanas y con un embarazo considerado de alto riesgo, según refiere en su denuncia.

¿POR QUÉ FUERON DESPEDIDOS?

Según el reclamo, la patronal habría atribuido la desvinculación al fallecimiento de varios animales silvestres que se encontraban en el establecimiento.

Daysi y su pareja, sin embargo, sostienen que la muerte de los animales se habría producido como consecuencia de las intensas lluvias y las inclemencias del tiempo.

Según su versión, las precipitaciones provocaron el desborde de arroyos, llegando el agua hasta el sector donde se encontraban las jaulas de los animales, situación que —afirman— habría impedido que pudieran hacer algo para evitar las muertes.

VIVÍAN EN EL LUGAR

La mujer también señala que tanto ella como su pareja habían realizado importantes inversiones para establecerse y vivir con su familia en el lugar.

Según expone, la administración les había proporcionado una vivienda dentro del establecimiento, donde permanecían y dormían mientras desarrollaban sus tareas laborales en el zoológico.

AHORA RECLAMA JUSTICIA

Daysi sostiene que su caso no habría recibido la respuesta que esperaba y cuestiona la actuación de la Justicia en el proceso.

La mujer considera que existiría una resolución que la perjudica y la califica de arbitraria, por lo que reclama que su situación sea revisada.

Asimismo, pide que las autoridades competentes intervengan y hagan lo que corresponda conforme a la legislación, especialmente teniendo en cuenta que, según su denuncia, al momento de la desvinculación se encontraba embarazada de 32 semanas y con un embarazo de alto riesgo.