Mario Rivarola, referente del sector, explicó que la medida de fuerza responde a las condiciones de precariedad que atraviesan ambas poblaciones, especialmente en lo relacionado al acceso a la tierra y la seguridad jurídica.

Según indicó, más del 30% de las comunidades indígenas no cuentan con garantías legales sobre sus territorios. A esto se suma la denuncia de más de 1.400 familias campesinas desalojadas entre diciembre de 2025 y marzo de 2026.

Los organizadores señalaron que la movilización busca visibilizar esta situación y exigir respuestas concretas por parte de las autoridades, en particular en materia de acceso a tierras y protección de las comunidades.

FUENTE: MEGACADENA