El Ministerio Público investiga a un joven de 23 años por homicidio culposo, omisión de auxilio y obstrucción al resarcimiento por daños tras el siniestro ocurrido el pasado domingo en el acceso al Barrio Itá Paso de Encarnación.
- 23/07/2026
- Por Edicion Prensa
El Ministerio Público identificó e imputó a un joven de 23 años como presunto responsable del accidente de tránsito con derivación fatal registrado el pasado domingo sobre la Ruta PY01. La investigación se encuentra en pleno desarrollo y busca determinar con precisión las circunstancias en que ocurrió el siniestro.
El imputado fue identificado como Alfredo Acosta Arabia, aspirante del Colegio Militar de Sub Oficiales del Ejército - Comisoe, quien enfrenta cargos por los supuestos hechos punibles de homicidio culposo, omisión de auxilio y obstrucción al resarcimiento por daños en accidente de tránsito.
Según informó la Fiscalía, durante las primeras diligencias investigativas se reunieron diversos elementos que, en principio, vincularían al joven con el hecho. A partir de estas evidencias, el Ministerio Público resolvió formalizar la imputación y continuar con las actuaciones necesarias para reconstruir la dinámica del accidente y establecer las responsabilidades correspondientes.
Entre las tareas que aún se desarrollan figuran la recopilación de testimonios, el análisis de pericias técnicas, imágenes de cámaras de seguridad y otros elementos probatorios que permitan esclarecer completamente lo sucedido sobre la Ruta PY01.
La investigación también busca determinar las circunstancias posteriores al accidente, teniendo en cuenta que uno de los cargos formulados corresponde al supuesto hecho punible de omisión de auxilio, previsto para los casos en que un conductor no presta asistencia a las víctimas tras un siniestro vial. Asimismo, la imputación incluye el presunto delito de obstrucción al resarcimiento por daños en accidente de tránsito.
Desde el Ministerio Público recordaron que la imputación constituye una etapa inicial del proceso penal y no implica una declaración de culpabilidad. La responsabilidad penal del procesado deberá ser determinada por las autoridades judiciales competentes, una vez concluidas las investigaciones y valoradas todas las pruebas incorporadas a la causa.
Mientras tanto, la Fiscalía continúa con las diligencias para esclarecer los hechos y garantizar el debido proceso, con el objetivo de establecer las responsabilidades conforme a derecho.