El viceministro de Seguridad Interna, Carlos Benítez, informó que el Gobierno resolvió establecer un cuarto intermedio y abrir canales de diálogo con representantes de los manifestantes que protestan contra la suspensión del examen de admisión al Colegio de Policía para el año 2027.

Según explicó, las autoridades mantendrán comunicación directa con los referentes de los alumnos y sus familias, además de brindar información a la prensa y a la ciudadanía sobre los avances de las conversaciones.

Benítez señaló que la mesa de trabajo fue habilitada para escuchar los reclamos de estudiantes y organizadores de cursillos, centrándose principalmente en la revisión de la medida anunciada para el próximo periodo de ingreso.

“El presidente de la República no puede hacer caso omiso a ese reclamo”, expresó el viceministro, quien reconoció que existía un compromiso gubernamental relacionado con la incorporación de nuevos efectivos policiales.

No obstante, explicó que un diagnóstico realizado durante el último año reveló que unas 700 dependencias policiales se encuentran en malas condiciones, situación que obligó a redireccionar parte de los recursos previstos hacia trabajos de reconstrucción y refacción.

De acuerdo con Benítez, la prioridad del Estado pasó a enfocarse en mejorar las condiciones de seguridad física dentro de las unidades policiales, tanto para los agentes como para las personas que acuden a realizar denuncias.

Tras la reunión mantenida con representantes de alumnos y padres, el viceministro anunció que se elevará un replanteamiento al Poder Ejecutivo y al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), con la intención de alcanzar una respuesta definitiva sin mayores demoras.

Durante la manifestación, distintos sectores expresaron su rechazo a la suspensión del ingreso. El suboficial superior retirado Fermín de León Rojas sostuvo que la medida representa “una apuñalada al sentimiento de los jóvenes de la familia más humilde”.

El exuniformado afirmó que numerosos postulantes atraviesan cuadros de ansiedad y relató que muchas familias realizaron sacrificios económicos para costear los cursillos de preparación, incluyendo venta de bienes, abandono de otras carreras y endeudamientos.

Asimismo, cuestionó el cambio de postura del Ejecutivo, recordando la promesa realizada por el presidente Santiago Peña sobre la incorporación de 25.000 nuevos policías durante su administración.

Por su parte, Matías, uno de los aspirantes al Colegio de Policía, expresó el malestar de los postulantes ante la suspensión del proceso de ingreso y sostuvo que los jóvenes confiaron en la promesa presidencial mientras se preparaban para servir a la institución.

El estudiante también criticó los cuestionamientos hacia los cursillos privados, argumentando que las propias autoridades exigen agentes cada vez más capacitados para integrar la Policía Nacional.

En tanto, el abogado y expolicía Carlos Alberto Amarilla calificó la suspensión como una decisión “arbitraria” y pidió una revisión inmediata de la medida.

Amarilla remarcó además el impacto económico que genera la suspensión para miles de familias y para los centros de formación, señalando que los aspirantes realizan importantes inversiones para acceder a una vacancia dentro de la academia policial.

La movilización se desarrolló frente al Ministerio del Interior, sobre las calles Manduvirá y Chile, donde se concentraron aspirantes, familiares y organizadores de cursillos en rechazo a la medida anunciada por las autoridades.

FUENTE: ÑANDUTI