El Ministerio Público sostiene que las pruebas documentales, periciales y testimoniales acreditan un perjuicio patrimonial contra la Municipalidad de Jesús de Tavarangüé. También solicitó investigar a varios testigos por un supuesto testimonio falso.
- 14/10/2026
- Por Edicion Prensa
El Ministerio Público solicitó una condena de seis años de prisión para el exintendente de Jesús de Tavarangüé, Víctor Bernardo Garay Olmedo, acusado por el supuesto hecho punible de lesión de confianza, en una causa relacionada con un presunto perjuicio patrimonial de G. 2.400 millones a la administración municipal.
El pedido fue formulado por el fiscal Luis Alberto Albertini durante la presentación de los alegatos finales, etapa en la que la Fiscalía expuso su valoración de las pruebas reunidas durante el juicio oral y público.
Según la postura del Ministerio Público, los elementos documentales, periciales y testimoniales incorporados al proceso permitirían demostrar la existencia del daño económico señalado y la responsabilidad que atribuye al exjefe comunal.
La investigación se centra en presuntas irregularidades vinculadas con el manejo de los recursos municipales durante la administración de Garay Olmedo. La Fiscalía considera que el perjuicio ocasionado a las arcas comunales asciende a G. 2.400 millones.
Además de solicitar la pena privativa de libertad, el representante fiscal pidió que los antecedentes de varios testigos sean remitidos a las instancias correspondientes para que se investigue un supuesto hecho de testimonio falso.
Esta solicitud abre la posibilidad de analizar si existieron declaraciones que ameriten una investigación penal independiente, sin que ello implique que los testigos señalados hayan sido declarados culpables.
LA DECISIÓN QUEDA EN MANOS DEL TRIBUNAL
Tras la presentación de los alegatos finales, corresponde al tribunal analizar las pruebas y los argumentos expuestos por las partes antes de emitir una sentencia.
El pedido de seis años de cárcel constituye la pretensión de la Fiscalía y no representa, por sí mismo, una condena firme contra el exintendente.
La resolución judicial determinará si corresponde atribuir responsabilidad penal a Garay Olmedo y, en su caso, establecer la pena aplicable conforme a la legislación vigente.
FUENTE: EL OBSERVADOR PY