El Ministerio Público intensifica el monitoreo de posibles delitos electorales e insta a la ciudadanía a denunciar cualquier irregularidad que pueda afectar la voluntad popular.
- 28/07/2026
- Por Edicion Prensa
Con el objetivo de garantizar procesos electorales transparentes, legales y ajustados a la Constitución Nacional, el Ministerio Público, a través de la representación fiscal en materia electoral del departamento de Itapúa, mantiene un esquema permanente de control y fiscalización sobre el desarrollo de las actividades vinculadas al calendario electoral.
Desde la Fiscalía Electoral explicaron que una de sus principales funciones consiste en velar por el cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Código Electoral, realizando un seguimiento constante de la actuación de los diferentes actores políticos y de todas las etapas del proceso comicial.
Entre las principales áreas de intervención se encuentran la investigación de presuntas faltas y delitos electorales, como la difusión de propaganda política fuera de los plazos establecidos por la ley, la utilización indebida de bienes y recursos públicos con fines proselitistas, la coacción al elector, la compra o venta de votos y la retención ilegal de documentos de identidad. Ante cualquiera de estas situaciones, la Fiscalía puede actuar tanto de oficio como a partir de denuncias presentadas por ciudadanos, partidos políticos o sus apoderados.
La labor institucional también contempla una estrecha coordinación con la Fiscalía Adjunta del Área V, las Unidades Penales de Encarnación y las siete Fiscalías Zonales ubicadas en San Pedro del Paraná, Coronel Bogado, María Auxiliadora, Mayor Otaño, Edelira, Colonias Unidas y Alto Verá. Este trabajo conjunto se desarrolla en articulación con la Justicia Electoral y las fuerzas de seguridad para asegurar una cobertura efectiva en los 30 distritos del departamento de Itapúa.
Finalmente, la representación fiscal destacó que la participación ciudadana es fundamental para fortalecer la democracia e instó a la población a denunciar de manera oportuna cualquier hecho que vulnere la libertad del sufragio o incumpla las normas electorales, contribuyendo así a preservar la transparencia y la legitimidad de los próximos comicios.