El Ministerio Público ha presentado recursos de apelación contra tres resoluciones judiciales que otorgaron arresto domiciliario a personas implicadas en casos de narcotráfico y reincidencia, considerándolas como decisiones "mal concedidas". El fiscal a cargo de los casos ha solicitado la nulidad de estas resoluciones y que la Cámara de Apelaciones dicte medidas más estrictas ante la gravedad de los delitos.

Uno de los casos más notorios involucra a un detenido en un allanamiento realizado en Arroyo Porã, donde se incautaron más de medio kilo de crack y un arma de fuego. El fiscal argumenta que la posesión de un arma y la magnitud del delito justifican una medida más severa que el arresto domiciliario.

Otro caso, que involucra a un individuo con antecedentes por delitos relacionados a drogas, se encuentra bajo arresto domiciliario, pero fue sorprendido cometiendo un hecho de violencia familiar y en posesión de más de dos kilos de marihuana y plantines. El fiscal señala la reincidencia del imputado y considera que el arresto domiciliario es una medida inapropiada dada su conducta.

El tercer caso se refiere a una persona aprehendida en San Juan del Paraná, quien estaba implicada en un hurto de celular y extorsión, y a quien se le incautaron diecisiete dosis de crack. El fiscal cuestiona la decisión del juez de no calificar el delito como comercialización de drogas y pide que la resolución sea revocada, considerando la cantidad de droga encontrada como un indicio de tráfico.

El fiscal ha expresado su confianza en que la Cámara de Apelaciones revocará las resoluciones judiciales actuales y tomará decisiones más acordes con la gravedad de los delitos y la reincidencia de los implicados, buscando garantizar que los acusados enfrenten medidas que se ajusten a la magnitud de sus acciones.