La agente fiscal Elena Fiore Franco, titular de la Unidad Penal n.° 1 Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, obtuvo la condena de Medhe José Safuan Jara, exintendente del municipio de San Estanislao, a tres años de pena privativa de libertad, tras ser hallado culpable de autorizar pagos millonarios por obras inexistentes o inconclusas, realizados mediante el uso indebido de fondos provenientes del Programa FONACIDE y de Royalties, recursos que tenían como destino legal la infraestructura educativa, obras comunitarias y programas sociales esenciales, durante los ejercicios fiscales 2014 y 2015.

Durante la deliberación del Tribunal de Sentencia de la ciudad de San Estanislao, se resaltó que la conducta del exintendente lesionó gravemente la confianza pública. Gracias a la intervención del Ministerio Público, se logró demostrar la responsabilidad penal objetiva y subjetiva del acusado, asegurando que se haga justicia y que los actos de corrupción en la gestión municipal no queden impunes.

Entre las irregularidades constatadas durante el juicio oral y público, el Ministerio Público destacó el pago por empedrados y entubamientos que no fueron ejecutados, aulas que quedaron inconclusas o nunca se construyeron y, lo más preocupante, la afectación directa a los almuerzos escolares. La falta de rendición de cuentas y la deficiente administración de los recursos generaron atrasos y dificultades en la provisión de alimentación a niños de diversas escuelas del distrito.

La Fiscalía llevó adelante una investigación exhaustiva, basada en verificaciones in situ, informes de la Contraloría General de la República, actas notariales, análisis documentales y declaraciones de funcionarios, frentistas y directores escolares. Estas diligencias permitieron comprobar que, pese a figurar administrativamente como terminadas y pagadas, las obras no existían físicamente o se encontraban abandonadas, lo que ocasionó un perjuicio patrimonial de G. 1.285.000.000.

Asimismo, el Ministerio Público evidenció que el ex intendente actuó con dolo y de manera reiterada, aprovechando su cargo para disponer de fondos públicos sin cumplir con los requisitos legales, como la autorización del Ministerio de Educación, indispensable para la ejecución de obras financiadas con recursos del FONACIDE. También se documentó la realización de pagos mediante cheques de gerencia a empresas contratistas vinculadas a la administración, sin respaldo técnico ni contratos válidos.

La Fiscalía destacó además la dimensión social del hecho, ya que cada aula inexistente afectó directamente el derecho a la educación de niños y niñas, mientras que cada empedrado o entubamiento no ejecutado impactó negativamente en la calidad de vida y la seguridad de la comunidad. Igualmente, quedó demostrado que los problemas relacionados con los almuerzos escolares se derivaron de la mala administración de los recursos, dejando a varias escuelas sin provisión alimentaria y generando reclamos constantes de padres y directores.

El alegato de la agente fiscal Elena Fiore fue determinante para articular de manera coherente la evidencia reunida, exponiendo la sistematicidad y la gravedad de la conducta del acusado. En su intervención, detalló cómo se detectaron irregularidades en seis escuelas, ocho empedrados y cinco entubamientos, contrastando la información de la administración saliente con inspecciones directas y actas notariales elaboradas durante la investigación.

El Tribunal de Sentencia estuvo integrado por las magistradas Romina Onieva y Mercedes Urunaga, así como por el juez Walter Ramírez.