El exintendente de Carlos Antonio López, David Cubas, quien actualmente aspira a un nuevo mandato al frente de la Municipalidad, quedó bajo la atención del Ministerio Público luego de que tres concejales municipales presentaran una denuncia penal por presuntas irregularidades administrativas detectadas durante su gestión.

La presentación fue realizada ante la Fiscalía, donde los ediles solicitaron la apertura de una investigación para determinar la existencia de un supuesto faltante de importantes sumas de dinero en las arcas municipales, así como posibles desvíos de recursos que, según sostienen, debían destinarse a la ejecución de obras públicas y a la prestación de servicios esenciales para la comunidad.

De acuerdo con la denuncia, las sospechas surgieron tras un análisis de balances financieros, rendiciones de cuentas y otros documentos administrativos del Ejecutivo Municipal. Según los concejales, durante esa revisión fueron detectadas presuntas inconsistencias financieras y documentales que podrían haber ocasionado un perjuicio al patrimonio de la comuna.

Los representantes de la Junta Municipal señalaron que, en cumplimiento de su función de fiscalización del uso de los recursos públicos, consideraron necesario poner los antecedentes a conocimiento del Ministerio Público para que se realicen las verificaciones correspondientes y se determine si existieron hechos con relevancia penal.

En ese sentido, solicitaron la intervención de agentes fiscales especializados en hechos de corrupción para recabar toda la documentación relacionada con la administración municipal, disponer auditorías y peritajes contables, además de establecer las eventuales responsabilidades de los funcionarios involucrados, en caso de comprobarse las irregularidades denunciadas.

Con la recepción de la denuncia, el Ministerio Público iniciará las diligencias preliminares para analizar los documentos presentados y definir las medidas investigativas que correspondan.

Hasta el momento, David Cubas no ha sido imputado y la denuncia constituye el inicio de una investigación. En consecuencia, cualquier eventual responsabilidad deberá ser determinada por las autoridades competentes, respetando el debido proceso y la presunción de inocencia que ampara a toda persona mientras no exista una resolución judicial firme.